A casi un año de haber asumido el gobierno, el presidente ha solicitado el apoyo del Parlamento para implementar tres proyectos: ley del servicio civil, reforma de la Caja Fiscal, lucha contra la corrupción y una inversión importante en seguridad. Lo hizo durante la lectura de su primer informe al Congreso Nacional, un Congreso en el que el movimiento interno de su partido ostenta mayoría. A Santiago Peña se le terminaron las excusas, debería dejar de quejarse por la herencia recibida, y esforzarse por el bienestar de los paraguayos.
En su primer examen de gestión, el presidente Santiago Peña centró su informe en la mención de los logros económicos y en las reformas administrativas implementadas en las instituciones; la Ley de Organización Administrativa, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Superintendencia de Jubilaciones y su proyecto estrella: la Ley Hambre Cero de alimentación escolar.
Peña afirmó que “fue este Congreso el que hizo todo esto en menos de un año, un Congreso que, con las listas desbloqueadas, es el de mayor legitimidad democrática en la historia de nuestro país”. Como es bien sabido, desde el 30 de abril de 2023, la Asociación Nacional Republicana (ANR) tiene una más que cómoda mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Lamentablemente, los colorados no han tenido en cuenta que tener una mayoría implica un gran poder, y ese gran poder supone también una gran responsabilidad. El gran desafío de ser capaces de gobernar con todos y para todos, y utilizar sabia y racionalmente la mayoría, como una herramienta para servir al pueblo, no ha sido satisfecho y por eso, se han impuesto muchas veces la arbitrariedad.
Precisamente a este Parlamento, el presidente le pidió apoyo para llevar adelante un plan nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción, plan que por cierto ya había sido promulgado en 2019, durante la presidencia de Mario Abdo. Sería, no obstante, saludable que precisamente el Parlamento –con mayoría absoluta de colorados, que no respetan el disenso y apañan groseras manifestaciones de nepotismo– ayudara a implementar planes y estrategias de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción en la administración pública.
Asimismo, Santiago Peña espera la colaboración para corregir vacíos de la ley de la Función Pública y la carrera del servicio público, y como tercer punto pendiente a llevar adelante, menciona un tema fundamental como es la reforma de la Caja Fiscal, considerada una deuda histórica.
El mandatario anunció además que se destinarán unos USD 500 millones en los próximos años para fortalecer la seguridad, que –según él– es una de sus principales preocupaciones. En este aspecto, debería tener el presidente mayor claridad respecto al tema seguridad, ya que son precisamente la serie de acciones que se emprendan para brindar calidad de vida y bienestar a la ciudadanía, las mismas que ayudarán en un periodo de tiempo a reducir algunas de las manifestaciones de la inseguridad.
El Paraguay es un país con significativos índices de pobreza y desigualdad, con una población mayoritariamente joven que no tiene acceso a una educación de calidad, ni salud pública ni acceso al empleo digno. Es precisamente esta falta de oportunidades para esta franja etaria la que arrastra a muchos a las adicciones, y aquí se debe resaltar que serán inútiles los esfuerzos que se hagan si el Estado paraguayo no abre oportunidades para los jóvenes: salud, educación, empleo, la práctica de deportes o acceso a las artes y la cultura.
Peña debe entender que el flagelo de la violencia urbana y las adicciones se originan en realidad en los dos principales problemas que tiene el país, y que nos posicionan como poco creíbles: el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. Y estos dos temas estuvieron lamentablemente ausentes del informe presidencial al Congreso.
Mientras los paraguayos siguen aguardando que el Gobierno defina unas prioridades que coincidan con sus principales demandas, se hace urgente que se determinen las políticas públicas y las acciones de gobierno para dar respuestas a estas necesidades y demandas: mayor inversión en salud y educación, mejoras en los servicios públicos y seguridad.
