La detención de Vidal Brítez Alcaraz (56), presidente de la Asociación de Yerbateros de Paso Yobái, se dio tras una orden de captura firmada por los fiscales Martín Escalada, Osvaldo Mora y Rodrigo Vázquez por el hecho punible de coacción grave.
La investigación se dio tras una manifestación y enfrentamiento contra mineros en enero pasado, de la cual no habría participado.
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Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) consideran que la prisión preventiva aplicada contra el dirigente yerbatero Vidal Brítez Alcaraz no solo es injusta, sino que representa un abuso de poder por parte del sistema judicial.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“La medida resulta desproporcionada y vulnera derechos fundamentales, especialmente porque Brítez no participó en la movilización del 10 de enero”, señalan.
“Además, el derecho a la protesta en defensa del medio ambiente está protegido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales ratificados por Paraguay”, recalcan.
Asimismo, sostienen que la prisión preventiva en Paraguay se ha convertido en una práctica recurrente y arbitraria, afectando de manera particular a sectores más vulnerables. “Su aplicación indiscriminada contradice el principio de presunción de inocencia y constituye una herramienta de amedrentamiento contra quienes defienden derechos colectivos”.
En ese sentido, alertaron que Brítez, quien ha sido una de las voces más firmes en la denuncia de los impactos ambientales de la minería en la zona, sufrió un desvanecimiento el pasado 29 de marzo mientras aguardaba su traslado de la comisaría a la penitenciaría. Debido a la gravedad de su estado de salud, fue derivado al Hospital Distrital de Villarrica.
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La coordinadora señala que Brítez había expresado su preocupación por la expansión de la actividad minera en Paso Yobái y sus consecuencias ambientales y que denunció que los yerbateros enfrentan dificultades para comercializar su producción, ya que empresarios rechazan la yerba mate cultivada cerca de piletas de sedimentación donde se manipula cianuro.
“La comunidad de Paso Yobái ha alertado en reiteradas ocasiones sobre los efectos adversos del uso de mercurio y cianuro en los recursos hídricos y en la salud pública. Estudios realizados entre 2018 y 2019 revelaron niveles de mercurio en la orina de mineros y sus familias por encima de los límites permitidos”, recoge la Codehupy.
Entre tanto, describe que análisis en peces del río Tebicuarymi detectaron concentraciones de mercurio, cuatro veces superiores a los estándares de seguridad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
“A esto se suma la deforestación masiva en la región, con más de 840 hectáreas de bosques convertidas en zonas de explotación agropecuaria y minera desde 2010”, expone.
Finalmente, la Codehupy advierte que la criminalización de la protesta es una estrategia estatal para reprimir la resistencia ciudadana frente a proyectos extractivistas. “La comunidad de Paso Yobái se mantiene firme en su lucha, exigiendo el cese de las actividades mineras contaminantes y la protección de sus derechos fundamentales”.
