La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) realizó en la mañana de este martes una conferencia de prensa para alertar sobre una amenaza de desalojo que afecta a más de 400 familias.
Se trata del caso del asentamiento 1° de Marzo, de la Asociación de Productores Joaju, que está ubicado en Yvyrarobaná, del Departamento de Canindeyú, que tiene 4.500 hectáreas, cuyas tierras habían sido entregadas irregularmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner a empresarios vinculados al régimen.
El secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, se refirió al respecto y dijo que se viene observando prácticas estatales arbitrarias contra el proceso de la lucha por la tierra.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn este sentido, denunció como “maniobra encaminada” el intento de tratar la expropiación de estas tierras en la Cámara de Senadores este jueves y dejarlo sin efecto.
“Creemos que eso responde a una política encaminada a archivar ese pedido y a proceder como lo dijo el fiscal Jalil Rachid a desalojar a las familias. Estos desalojos, en estas condiciones en las que viene encarando el Estado paraguayo, son absolutamente ilegales e ilegítimos”, apuntó.
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Llamó la atención de las autoridades nacionales e instó a resolver el estado del origen de las tierras de los productores de Joaju.
“Estas tierras son una de las tantas identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia como tierras malhabidas. Son tierras que en el año 1967 el Estado las adjudicó a sujetos ajenos a la Reforma Agraria y las cambió por una camioneta”, enfatizó.
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La organización Base IS también se pronunció al respecto la semana pasada y advirtió sobre senadores que pretenden rechazar el proyecto de expropiación y permitir que las tierras públicas continúen en manos de empresarios no sujetos de la reforma agraria.
Advierten que legisladores del Partido Patria Querida (PPQ) y de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se opondrán al proyecto.
Los pobladores del asentamiento vienen luchando desde hace años para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), así como otros entes estatales, realicen las gestiones pertinentes a fin de recuperar estas tierras y entregarlas a la comunidad de productores.
