La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática para denunciar los desalojos forzosos y otras violaciones que suceden en el país.
El organismo concedió la oportunidad de exponer la situación en una audiencia en modalidad virtual y será transmitida el 17 de marzo, a las 12:00 (hora paraguaya).
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De acuerdo con los datos, el año pasado unas 5000 personas de comunidades campesinas e indígenas, así como de asentamientos, fueron desalojadas de manera forzosa.
Fueron 12 desalojos de comunidades indígenas, 10 en comunidades campesinas y tres en asentamientos urbanos, según registró el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de Base Investigaciones Sociales en el Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay.
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Los desalojos ocurrieron principalmente en San Pedro, Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú. De acuerdo con los datos, varios de los desalojos se realizaron sin orden judicial y con la participación de guardias privados y civiles armados.
La Procuraduría General de la República (PGR) llegó a impulsar un total de 32 demandas tratando de recuperar parte de las casi ocho millones de hectáreas de tierras malhabidas repartidas irregularmente durante la dictadura militar stronista (1954 a 1989) y posteriormente a ella (1989 a 2003).
Del total de acciones presentadas en contra del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y los beneficiarios irregulares se cuenta con cinco sentencias que fueron desfavorables para el Estado paraguayo.
Adalberto Martínez pide tomar en serio tema de tierras
El nuevo arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, señaló este viernes que se debe tomar en serio el problema de las tierras en el país.
Señaló que hasta el momento se tomó “muy poco” en serio la cuestión de tierras en Paraguay y que más allá de ser un problema ideológico, consideró que se trata de un “problema práctico”.
“Porque sabemos cuál es la situación de las tierras, donde uno tiene título y el otro no, hay títulos que están encimados y no es muy claro. Entonces, hay que tomar en serio, catastrar las tierras y hacer lo que se debe hacer para que el Estado regularice los que tienen malhabidas”, expresó.
Dijo también que es necesario comenzar a titularlas y educar a los agricultores o campesinos para no volver a vender las tierras que se les adjudican.
La propia Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), a finales del año pasado, expresó a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público su preocupación e indignación por los constantes desalojos y amenazas de expulsión contra los pueblos originarios ocurridos últimamente.