“El informe y las recomendaciones de la Comisión, traen un atisbo de justicia para la familia y es una oportunidad para que el Estado inicie un proceso real que ponga fin a la impunidad y a la sumisión de los poderes del Estado ante las mafias”, señaló la Codehupy.
La Coordinadora recordó que el caso relacionado a Leguizamón “está impune, así como la mayoría de los otros 18 asesinatos de periodistas ocurridos a partir de entonces”. El Secretario Ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, lamentó que esta situación “demuestra la vigencia del poder de las mafias y la dimisión del Estado frente a ese poder, en especial en las zonas de frontera, donde la justicia es un bien escaso, minado por la violencia y la corrupción”.
A su turno, la abogada Julia Cabello, del equipo jurídico de la Codehupy, subrayó que el Estado debe hacer caso a las recomendaciones del informe e investigar “exhaustivamente no solo el caso de Santiago, sino los otros casos de periodistas que fueron asesinados en el ejercicio de la profesión”. También instó a crear y fortalecer las herramientas de prevención para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión.