Coinciden en que jueces y fiscales son presas fáciles de la clase política

La titular del Centro de Estudios Judiciales, Ana Victoria Rivas; el ex fiscal y ex titular de la Asociación de Fiscales del Paraguay Ricardo Merlo, y el analista político Marcos Pérez Talia coincidieron en señalar que el principal problema radica en el modelo de selección de magistrados y la influencia de políticos desde órganos como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o el Consejo de la Magistratura.

Los mismos hicieron hincapié en las declaraciones vertidas esta semana por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien habló de la necesidad de eliminar la injerencia política en el sistema judicial.

Para Rivas, el mismo modelo está diseñado para que jueces y fiscales sean presa fácil de la clase política.

Indicó que desde el Centro de Estudios Judiciales buscaron acompañar una reforma judicial, pero no cuentan con el apoyo político para el efecto.

“Desde el Centro de Estudios Judiciales no solo venimos denunciando la injerencia política en el sistema judicial que se da desde el modelo de designación de jueces y fiscales, además, hemos acompañado el debate de la Comisión de Reforma Judicial, cuyo principal objetivo fue darle al Poder Judicial una nueva institucionalidad; lastimosamente, fue una agenda técnica que no tuvo acompañamiento político”, sostuvo.

Indicó que “el modelo está diseñado para que jueces y fiscales sean presas fáciles de la clase política, no podemos pedir que jueces y fiscales solitarios se conviertan en héroes, debemos diseñar un modelo que le proporcione garantías a los buenos jueces y fiscales. La carrera judicial es indispensable, mediante una buena carrera judicial que responda a los méritos y aptitudes con una vinculación estrecha a la capacitación limitara la injerencia política en el sistema de selección de magistrados. Necesitamos que nuestros jueces se capaciten y se evalúen sus desempeños para seguir ascendiendo y no que su ascenso o permanencia en el cargo responda a interés y padrinazgos políticos”, afirmó.

Rivas manifestó que la Escuela Judicial debe definir su rumbo.

“Hay que definir el rumbo de la Escuela Judicial, tenemos una Escuela Judicial híbrida que no responde a los objetivos de su creación, la masificación de la escuela en los últimos años ha distorsionado su funcionamiento. Carrera judicial y capacitación son los elementos necesarios para limitar la injerencia política en el sistema de selección de magistrados”, expresó.

Independencia. Para el ex fiscal del Medio Ambiente Ricardo Merlo, un proceso transparente de selección de magistrados tiene mucho que ver con la independencia del Poder Judicial.

“La independencia y la imparcialidad solo pueden ser garantizadas en la medida en que cada Estado cuente con procesos transparentes que eviten la injerencia política tanto para la selección y remoción de operadores de Justicia como para la determinación de casos judiciales”, expresó.

Sostuvo que es indispensable que el Estado cuente con procesos transparentes que eviten la injerencia política tanto para la selección y remoción de operadores de Justicia como para la determinación de casos judiciales.

En ese sentido, mencionó que el artículo 8 de la Convención Americana, en consonancia con el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional dice claramente que toda persona tendrá derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal, competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos de carácter civil, penal, fiscal, administrativo o de cualquier otro carácter, entiéndase, no solo en materia penal.

“Cuando la Convención habla de ‘juez o tribunal’ no se está refiriendo solamente al magistrado judicial, sino a toda autoridad pública que tenga a su cargo la determinación de derechos y responsabilidades de otra persona, es decir, fiscales, jueces del jurado de enjuiciamiento, jueces de instrucción de sumarios administrativos, jueces de faltas, etc.; todas aquellas autoridades públicas que a través de un proceso previamente establecido en una ley tengan la potestad de resolver sobre los derechos, sanciones, obligaciones y responsabilidades de otra persona, deben ser competentes, independientes e imparciales”, refirió.

Agregó que “mientras continúe el tradicional lobby con tal o cual político “de la zona” es muy difícil que un operador de Justicia entre con las manos libres, y si uno ingresa debiendo favores políticos, las consecuencias para la Justicia paraguaya son nefastas”.

“Si no establecemos procesos de selección y remoción transparentes, sujetados al debido proceso legal, si no establecemos garantías de inamovilidad para que jueces y fiscales no tengan que estar debiendo favores para conservar sus cargos, mientras no separemos al poder político de la esfera judicial, no podremos garantizar manos libres para los operadores de Justicia, y, en consecuencia, no podremos garantizar una Justicia real e igualitaria en Paraguay”, dijo el ex presidente de la Asociación de Fiscales.

Reforma. A su turno, el analista Marcos Pérez Talia dijo que quienes promueven supuestamente la reforma judicial son precisamente aquellos grupos políticos y económicos que llevaron a la Justicia a un estado calamitoso desde hace varias décadas.

“Existe un consenso generalizado de que la Justicia paraguaya es de las peores de América Latina. El reciente informe de Freedom House 2020 fue lapidario al señalar que “el Poder Judicial paraguayo ha sido cooptado por los lavadores de dinero, narcotraficantes y políticos corruptos, en donde las personas con influencia o acceso al dinero obtienen un trato favorable en el sistema judicial”, aseguró.

Indicó que “el diagnóstico parece claro. En cambio, quienes promueven las posibles reformas generan cierto temor. ¿Los mismos grupos políticos y económicos que llevaron a la Justicia a este nivel calamitoso son quienes hoy promueven su reforma? Ellos, en principio, estarían muy cómodos con este statu quo. Y es allí donde aparecen los riesgos y temores”.