En el caso de Amarilla no hay mucho que decir. El oficialismo colorado difícilmente pueda encontrar en sus filas alguien tan dispuesto a asumir el papel de verdugo de los detractores del partido con la pasión que exhibe el corpulento legislador expulsado del liberalismo.
Algunos dirán que sus motivaciones son crematísticas y puede que recuerden, para apuntalar esa afirmación, los negocios de la familia del senador con la compañía de electricidad del Estado. No lo sé, solo puedo decir que resulta evidente cuánto placer le ha generado encabezar el linchamiento político de la senadora opositora Kattya González (una verdadera pesadilla para las notables limitaciones académicas y discursivas de la mayoría de sus colegas republicanos) y presidir la Comisión montada para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación –según sus integrantes– lavan dinero y conspiran con Estados Unidos y la Unión Europea.
Me dicen que Amarilla se ha convertido ya en un problema para los cortesanos del quincho. Ha puesto la vara muy alta. Es casi imposible ser más funcional a los intereses o a los deseos de vendetta del principal líder republicano. Es justo señalar, sin embargo, que quien ha hecho una ofrenda mayor –aunque no se puede afirmar que voluntariamente– ha sido Payo Cubas, logrando meter al Congreso a una partida de impresentables que ante el menor guiño se pasaron a las carpas del oficialismo.
En general, estos son los colaboracionistas voluntarios. Lamentablemente, no están solos. Los acompañan como refuerzo de la hegemonía colorada los colaboradores involuntarios, esos que por su propia corrupción o torpeza terminan por “normalizar” los pecados republicanos. El último ejemplo notable es el del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.
El legislador se encadenó frente a la Municipalidad de Asunción exigiendo la renuncia del intendente bajo el argumento –más que válido– de que Óscar Nenecho Rodríguez ha sido imputado por hacer compras sobrefacturadas durante la pandemia, y porque hasta hoy no ha podido justificar con papeles en qué gastó los más de 500 mil millones de guaraníes que consiguió endeudando a los asuncenos para hacer obras que nunca se hicieron.
Un escrache indiscutible. El problema es que Rodríguez lo citó a su despacho, grabó el encuentro y, mientras el senador lo trataba de ladrón, exhibió un mensaje de texto en el que Buzarquis le recordaba que estaba trabajando en un presupuesto de su interés (después se supo que se trataba de una ampliación presupuestaria para entidades públicas que tenían deudas con el Municipio) y de paso le pedía trabajo para un hombre al que el legislador le debía favores.
A partir de ahí, el senador no hizo sino embarrarse cada vez más. Dijo que solo ejerció su derecho ciudadano a peticionar y que si se auditan los teléfonos de sus colegas se encontrará que todos hacen lo mismo. En la administración pública no se hacen “favores”. Cualquier “pedido” que realice un funcionario a otro para beneficiarse o beneficiar a un tercero, sobre todo cuando la acción o inacción del peticionante puede eventualmente beneficiar o perjudicar a quien recibe el pedido, es básicamente una forma de extorsión y tráfico de influencia.
En una sola tarde, Buzarquis se puso la soga al cuello, perdió autoridad para criticar la corrupción colorada, le tiró un salvavidas coyuntural a Nenecho y malgastó estúpidamente la herramienta del escrache. Es el tipo de colaboración que celebran los corruptos republicanos, la oportunidad para decir que todos somos iguales. Por supuesto que no es cierto, pero a ellos les bastan estos casos de bandidaje y torpeza para alegar que no están solos y sentir que la generalización hace más leves sus trapisondas.
