Con el argumento de que es de cumplimiento imposible, principalmente para los candidatos a cargos partidarios del interior del país, cercenaron completamente la iniciativa presentada por la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo con el apoyo de varios de sus colegas.
Con los cambios que realizaron ayer en el artículo 64 de la ley, se elimina la responsabilidad individual de los candidatos y se deja nuevamente en manos de los movimientos la rendición de cuentas. El argumento del cartista Derlis Maidana fue que en las internas son precandidatos y que la calidad de candidato solamente se obtiene al superar la interna partidaria.
De esta manera el objetivo principal de la normativa quedó truncada y una vez más, la mayoría de los legisladores encontraron la manera de seguir blindados del control.
En ese sentido, en cuanto a las elecciones generales, incluyeron que sean solamente los ordenadores de gastos (presidente, gobernadores, intendentes), quienes estén obligados a informar sobre los fondos utilizados en las campañas electorales. Los candidatos a concejales, tanto municipales como departamentales, al igual que los que pugnan por cargos partidarios, quedan fuera del control.
El diputado Sebastián Villarejo (PQ) solicitó a sus colegas que por lo menos se incluya a los candidatos de cuerpos colegiados, pero no tuvo éxito. “La campaña de los colegiados es una lavandería (de dinero)”, dijo al tiempo de recordar a la ex diputada Cynthia Tarragó, presa en Estados Unidos.
ARREGLO. El líder de la bancada cartista Basilio Núñez, uno de los principales operadores para truncar el proyecto, habló de la inconstitucionalidad de la normativa y que gracias a la postura de los colorados se pudo subsanar dicho inconveniente. “No porque no estamos acompañando a rajatablas este proyecto de ley nos deben calificar como poco transparentes ni que apañamos el lavado de dinero. Estamos a favor de la transparencia”, aseguró.
Otra modificación importante que realizaron los colorados, con la ayuda de tres llanistas es la de sacar del circuito de control a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como así también el evitar que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cuente con una unidad especializada para la prevención del lavado de dinero.
El proyecto pasa ahora a consideración del Senado.
“No porque no acompañamos a rajatabla el proyecto de ley significa que apañamos el lavado de dinero”. Basilio Núñez, diputado cartista.
Convirtieron el proyecto en un Frankenstein colorado, dijo Rocío Vallejo
La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo, principal promotora del proyecto que buscaba la trazabilidad de los fondos utilizados en las campañas electorales, no ocultó su frustración ante el hecho de que la mayoría de sus colegas decidieron destrozar el documento por el que estuvo trabajando con varias otras instituciones.
Calificó a la iniciativa finalmente aprobada como un Frankenstein colorado (un monstruo).
“No quedó nada del proyecto, hay que juntarlo por pedacitos, ya no tiene sentido, se hicieron modificaciones que realmente desvirtúan todo, preferiría hasta la ley vigente antes que esto”, lamentó.
De acuerdo a la legisladora, sus colegas le sacaron el corazón al proyecto, que es que cada candidato rinda cuentas. “En las internas solamente por movimiento, ningún candidato va a tener que decir de dónde sacó el dinero y los legisladores no van a rendir luego cuenta de dónde sale su dinero, porque eso sacaron todo, sacaron el alma del proyecto, la ley quedó peor que antes”, insistió la parlamentaria.