Una gran mayoría de la población celebra la intervención del principal centro penitenciario del país. Tacumbú llevaba años en situación de grave abandono y, precisamente, ese vacío es el principal responsable de que esta cárcel fuera manejada al antojo de los grupos de delincuentes alojados en el lugar.
Recordemos que el clan Rotela, especializado en el microtráfico controla una parte importante del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. En Tacumbú se mueve una enorme cantidad de dinero. Se calcula que, solo con las salas vips se recaudan USD 10.000 mensuales por cada una, es decir, USD 200.000 y cada fin de semana se venden entre 3 a 4 kilos de cocaína, lo que en el mes representan unos 20 kilos, tanto para el consumo interno como también para la redistribución de los que van a comprar de la cárcel donde dicen es más barato. Se estima entonces que se recaudan unos G. 250 millones semanales, que van no solo a las manos de Rotela, sino también llega a autoridades penitenciarias y judiciales.
El propio Estado cedió la soberanía de las cárceles del país a este grupo delincuencial por desidia, pero muchas veces también por la corrupción de sus funcionarios y autoridades. La ausencia del Estado en las cárceles es, como se puede ver, un muy lucrativo negocio para unos pocos, en desmedro de los derechos de los demás presos.
En el Paraguay, el sistema penitenciario alberga a un 70% de presos sin condena, por eso en las cárceles a diario se violan derechos humanos básicos, en espacios que son más que nada depósitos en los que subsisten en condiciones infrahumanas, sin alimentación adecuada ni atención de la salud ni infraestructura adecuada. Una posible reinserción está fuera de todo cálculo.
Por todo eso se saluda el operativo, aunque se debe aclarar que aplicar la mano dura es tan solo una parte de la respuesta de un Estado, esto de nada servirá a mediano y largo plazo si no se resuelven problemas de hacinamiento en nuestras cárceles, o los graves problemas sociales y económicos del país. La propaganda y el populismo no resuelven los problemas, tan solo los maquillan.
El cardenal Adalberto Martínez se refirió a las inquietudes de los familiares de los presos de Tacumbú que no reciben información, y se hizo eco del sufrimiento de madres desesperadas; recordó también a los presos sin sentencia, los que sufren enfermedades terminales, los adictos, todo el sistema de corrupción, la influencia de las bandas criminales, entre otras problemáticas que, a su criterio, “requieren una solución integral” y abogó por la reforma penitenciaria.
El segundo exitoso operativo sacudió la estructura criminal de Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, actualmente prófugo de la Justicia. Su ejército fue desarticulado: Nueve de ellos abatidos y nueve detenidos; y se halló su arsenal compuesto por fusiles, ametralladoras antiaéreas, fusibles .50, municiones y equipos tácticos. Según las autoridades, la banda imponía el miedo y la violencia a la población de Canindeyú y, de hecho, eran consideradas una de las organizaciones más sanguinarias del país. El grupo de Macho ya tenía incluso rango internacional, por sus contactos con criminales bolivianos, peruanos, colombianos y mexicanos.
Todo operativo que afecte al narco y al crimen organizado es bienvenido, pues el buen trabajo de las autoridades puede reducir la violencia urbana que afecta a la mayoría de la población, así como también reducir el acceso a las drogas, sin embargo, las instituciones del Estado deben actuar siempre dentro del marco de la ley y sin cometer abusos, pues de hacerlo se estarán equiparando a los mismos delincuentes que deben combatir.
