Y es que el tema de los beneficiarios finales ha llamado ampliamente la atención de la comunidad internacional, pues, aunque en muchos casos son personas que reciben los beneficios económicos de empresas legítimas, también lo pueden ser de organizaciones fachada para blanquear dinero o cometer otros delitos.
La divulgación de los beneficiarios finales es esencial para prevenir la corrupción, detectar flujos financieros ilícitos y responsabilizar a quienes buscan explotar estructuras de propiedad complejas con fines ilícitos.
Estos datos son vitales en el contexto de las contrataciones públicas, que constituye un escenario sensible a la corrupción y el fraude, debido al gran volumen de dinero que representan, la multiplicidad de partes involucradas, la complejidad del proceso y la estrecha interacción entre el sector privado y los funcionarios públicos.
La transparencia constituye una herramienta esencial para prevenir y detectar posibles casos de conflicto de intereses o conductas anticompetitivas en los procesos de contratación pública o en Alianzas Público-Privadas.
Los países de la región en Sudamérica se enfrentan a importantes desafíos relacionados con el acceso a datos precisos sobre los beneficiarios finales contenidos en los registros de personas y estructuras jurídicas. La homogeneización regional de esta información es clave para fortalecer la cooperación internacional. La modernización tecnológica permite sistemas que puedan integrar la información y cruzar datos para prevenir y combatir la corrupción.
Además, es necesario implementar acciones que incluyan el fortalecimiento de las capacidades de detección y sanción en los registros para quienes incumplen las disposiciones legales.
También, generar espacios para el intercambio de buenas prácticas entre autoridades y funcionarios de los diferentes registros, destacando sus diversos enfoques, constituye una estrategia fundamental para abordar estos desafíos de manera efectiva. Asimismo, trabajar en la integridad de los servidores es vital para prevenir y combatir la corrupción en este contexto.
El Paraguay está desarrollando esfuerzos importantes mediante el establecimiento del Registro Administrativo Central de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Ley 6446/2019.
El acceso a datos actualizados y veraces sobre los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas por parte de los órganos de investigación y control constituye una herramienta fundamental para prevenir y combatir la corrupción.
En el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que se conmemora todos los 9 de diciembre, vale la pena hacer un llamado al Estado paraguayo y los demás de la región, para que continúen llevando a cabo todas las acciones necesarias para enfrentar estos desafíos de manera efectiva, incluyendo la participación del sector privado, sociedad civil, academia y periodistas. Solo de esta manera la transparencia e integridad redundarán en oportunidades de inversión de cara al bienestar de la ciudadanía.
