La denuncia hecha por familiares de los fallecidos y detenidos durante el llamado Operativo Romai, de efectivos de la Policía Nacional y el Ministerio Público, presentado como una acción contra presuntos miembros del grupo criminal Comando Vermelho, el pasado 1 de mayo, en una estancia de Piray, Departamento de Amambay, exige que el caso sea debidamente investigado y esclarecido, ya que se ha instalado la sospecha de que las muertes podrían haberse tratado de una ejecución, y que algunos de los fallecidos eran albañiles contratados para levantar un edificio, que las autoridades presentaron como un supuesto futuro laboratorio de drogas y luego cambiaron la versión a que sería un local para construir dobles fondos de automóviles.
Lo llamativo es que según el informe de la médica forense Jane Oliveira, del Ministerio Público, cuatro de los cinco fallecidos murieron por disparos dados directamente a la cabeza, lo cual refuerza las sospechas de la familia de una presunta ejecución, antes que un enfrentamiento, ya que no hubo ni heridos ni muertos entre los policías.
Los familiares presentaron ayer públicamente sus denuncias en una conferencia de prensa en la sede del Congreso, con el acompañamiento del senador Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP), y los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y también realizaron una denuncia formal ante la Fiscalía, pidiendo que se realice una investigación imparcial. Además anunciaron que pedirán la realización de una autopsia por un equipo de médicos, sin participación fiscal ni policial, ya que temen que estas instituciones encubran las posibles irregularidades.
Es comprensible que exista este temor, ya que no es la primera vez que se denuncian casos de presuntos excesos o irregularidades cometidos por fuerzas policiales o de seguridad, los que hasta ahora no han sido debidamente aclarados por las instancias del Estado. Una de ellas es el oscuro episodio ocurrido en Cuero Fresco, Concepción, en noviembre de 2014, cuando el capitán Enrique Daniel Piñánez y el suboficial José Manuel González murieron en una misteriosa explosión, supuestamente cuando se intentaba meter una bomba a un campamento del grupo criminal Agrupación Campesina Armada (ACA) para eliminar a sus integrantes. Desde el Ministerio Público y la Justicia se sigue sin dilucidar lo que muchos consideran un posible caso de terrorismo de Estado. Tampoco se han aclarado las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra pobladores, según una denuncia oficial del MNP presentada en 2014 contra el entonces comandante, general Ramón Benítez, recientemente detenido por un escándalo de coimas.
Es importante que desde el Estado se siga combatiendo al crimen organizado, pero esa lucha debe realizarse conforme a la ley. Las denuncias de la supuesta ejecución deben ser debidamente investigadas y si existieron irregularidades, las mismas no deben ser encubiertas por las instituciones encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos y de proteger el funcionamiento del sistema democrático.
