Las elecciones para el periodo 2018-2023 establecieron en Paraguay un infortunado récord. Aquella jornada electoral resultó funesta para la democracia y el estado de derecho, pero exitosa para la impunidad.
Once congresistas, entre diputados, senadores y parlasurianos, imputados o acusados por el Ministerio Público por presuntamente cometer diversos hechos de corrupción, fueron electos, y aquella fue la primera vez en la historia contemporánea que un Congreso iniciaba un nuevo periodo con tantos procesados en las bancas. Posteriormente, algunas de las causas contra quienes integraban esta lista se fueron extinguiendo, gracias a las chicanas y a las dilaciones
Otro hecho digno de mención sucedió entre los años 2028 y 2021, cuando en el Parlamento Nacional fueron propuestos, debatidos e incluso aprobados dudosos proyectos de ley para reglamentar el Artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura, estableciendo una suerte de doble cerrojo ante una posible expulsión de sus miembros. Afortunadamente, ninguno de estos han prosperado.
Con una ley de autoblindaje no sería posible que legisladores denunciados por aparecer involucrados en casos de tráfico de influencias o hechos de corrupción pudieran ser expulsados del Poder Legislativo, sea a través del procedimiento de pérdida de investidura u obligados a renunciar, como ha ocurrido en algunas ocasiones.
Una parte importante de la carga de responsabilidades para que una persona acusada o imputada pueda llegar a ocupar un curul en el Congreso la tiene nuestra propia Justicia. Es sabido que varios casos ligados a investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, que involucran a reconocidos dirigentes políticos, terminan en el pantano jurídico. Estas causas judiciales avanzan muy lentamente, gracias a las chicanas.
La impunidad se ha convertido en una marca registrada en el Paraguay. De la mano de la Justicia que solo beneficia a algunos pocos y deja desamparado al resto de la población, nos hemos convertido en un país poco serio.
Hoy, el presidente de la República está fuera del país y la oficina quedó a cargo el vicepresidente Hugo Velázquez, quien hace casi un año se sumó a la lista de calificados como significativamente corruptos. La designación de Velázquez se habría debido al ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos.
Para marzo de este año, ya eran nueve los declarados significativamente corruptos. Los últimos tres fueron: Édgar Melgarejo, ex presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac); Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y Vicente Ferreira Rodríguez, funcionario del Poder Judicial.
En este país tan poco serio, si la Embajada americana no señala a algún político o funcionario por corrupción, las instituciones locales poco hacen para investigar estos hechos. Uno de estos es el caso del actual intendente de Asunción, quien antes de las elecciones enfrentó un escándalo –que no trascendió al ámbito judicial– cuando documentos fueron expuestos y mostraron indicios de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, presuntos sobrecostos y dudas sobre la selección de las empresas con la designación de proveedores. Óscar Nenecho Rodríguez nunca fue investigado y después ganó las elecciones.
Es por eso que este proceso de normalización de la corrupción en la esfera política y su hermana la impunidad socavan a diario los cimientos del sistema democrático, pues es inaceptable y vergonzoso que en el Paraguay se señalen corrupción e irregularidades y todo siga igual.
