08 nov. 2024

Combinar medidas estructurales para mitigar efectos de inflación

La inflación está creciendo y carcome los bajos ingresos familiares. La tendencia ya venía de años atrás debido al abandono que se ha hecho de la agricultura familiar y el bajo esfuerzo en la necesaria transición energética. Con la llegada del Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y los eventos climáticos la situación se agravó, encontrando a Paraguay en una situación sumamente vulnerable a pesar de sus excelentes condiciones. Paraguay necesita valentía y profesionalismo de parte de sus autoridades económicas. Ojalá asuman el compromiso en este sentido.

Las soluciones a la inflación no vendrán desde las medidas monetarias que normalmente se aprenden en la universidad. Siendo los precios de los alimentos y de los combustibles los principales causantes del aumento de los índices de precios, deben buscarse otro tipo de medidas para enfrentar el problema.

Paraguay no debería estar sintiendo el problema igual o peor que la mayoría de los países del mundo. Nuestro país es productor de bienes alimenticios y energía, por lo que ahí debe estar la implementación de medidas de largo plazo. La perspectiva inflacionaria no es de corto plazo, por lo que es necesario implementar políticas de carácter estructural y que puedan continuar en el futuro.

La tradicional medida de elevar las tasas de interés para frenar el aumento del consumo y con ello la presión sobre los precios no solo tendrá efectos limitados, sino que además pondrá límites a la recuperación económica.

La mayoría de los países lo sabe, por lo que además están implementando otro tipo de medidas. Bajo crecimiento económico y presión inflacionaria dan lugar a un escenario muy poco alentador para cualquier país y más aún en Paraguay, que parte de un estadio de bajo nivel de desarrollo, con persistencia de altos niveles de pobreza y vulnerabilidad económica.

La inflación es altamente recesiva. Si se considera que alrededor de la mitad de los ingresos familiares se destinan a alimentos y movilidad y los altos gastos de bolsillo en salud y educación, los hogares paraguayos tienen muy poco espacio para acomodar su presupuesto.

Con esta estructura, la mayor parte de los gastos se dan en bienes y servicios insustituibles para la calidad de vida. Si bien la clase media puede estar un poco mejor, también es cierto que está muy endeudada, por lo que su presupuesto familiar tiene alto nivel de rigidez.

Las autoridades económicas deben salir de su “zona de confort” y plantear medidas que puedan, por un lado, dar señales claras sobre el esfuerzo para controlar la inflación de manera a frenar las expectativas inflacionarias y por otro lado afectar al sector real de la economía.

La producción de alimentos debe ser fortalecida para que el mercado cuente con la oferta necesaria de los alimentos que conforman la canasta familiar. Estos ya venían sufriendo aumentos de precios importantes antes de la pandemia, por lo que la situación no debe ser atribuida a causas recientes.

La transición energética es urgente y debiera empezar por el sistema de transporte público de manera a alivianar el peso de este gasto en el presupuesto familiar y de manera paralela contribuir a una mayor productividad y calidad de vida.

En este contexto económico, deben combinarse políticas monetarias con medidas en el sector real de manera a afectar todas las causas y mitigar las consecuencias altamente nefastas de la inflación. Pero ello, requiere un fuerte compromiso político con la ciudadanía.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.