La medida cautelar fue peticionada por Joel González, abogado y apoderado del Movimiento Acción y Servicio.
Llamativamente, dicho movimiento tiene como candidato a presidente al actual titular de la entidad, Venancio Díaz Escobar, quien fue imputado por la fiscala María Luján Estigarribia por lesión de confianza el pasado 4 de junio.
La imputación fue por un supuesto daño patrimonial a la CJPPM por G. 2.088 millones durante el periodo de cuatro años a causa de autoasignaciones de remuneraciones de forma arbitraria e ilegal.
Díaz Escobar es el actual presidente de la Caja. También fueron imputados con él en su momento Bernabé Peralta (ex presidente y predecesor de Díaz), Juan Amarilla, René Medina, Luis Caballero y Viviana Brioschi, todos directivos de la misma institución.
La magistrada que dio lugar a la medida cautelar es hija del ex diputado colorado Luis Sarubbi Gamarra y antes de asumir como magistrada se mostraba como integrante del movimiento Honor Colorado.
CANDIDATO. Marcos Ortiz, médico y candidato a presidente por la oposición Movimiento Institucional y Transparencia (MIT), afirmó a ÚH que Venancio Díaz estaba inhabilitado hasta hace dos semanas para ser candidato por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). No obstante, logró finalmente su habilitación.
“Nos damos cuenta de que esta gente (por el movimiento de Díaz Escobar) no hacía campaña. Paramos las orejas, estaban manipulando de forma maquiavélica la Justicia. Tal es así que hoy, hace tres días, presentaron en cuatro ciudades un recurso de amparo para no celebrar las elecciones. El mismo expediente recorrió las ciudades de Areguá, Paraguarí, volvió a Areguá, luego fue a Villarrica y finalmente Caazapá. La gente se inhibía ante el pedido”, explicó.
Sostuvo que con esta maniobra, Díaz busca mantenerse en el poder. “No les conviene que entremos y destapemos toda la inmundicia que existe allí. Revelar situaciones que les puedan llevar a judicializar”, comentó.
Informó finalmente que ahora queda esperar que defina el Tribunal Electoral Independiente que tras una reunión con la jueza, fijará una nueva fecha. Ortiz adelantó que es casi seguro que Díaz Escobar y su equipo volverán a presentar otro amparo para patear las elecciones y que no se celebren este año.
“No le vamos a permitir. Haremos manifestaciones pacíficas para decir basta y cortar de raíz. Cuando recurrimos a la Justicia para que nos ayude, proteja y nos proporcione resguardo, nos encontramos con la realidad”, comentó.
NÚMEROS. Alrededor de 13.000 personas estaban habilitadas para votar en la fecha. Solo 185 intendencias podían participar en las elecciones por estar al día con el pago del 10% de aporte de sus funcionarios. Es decir, el resto no está al día con estos desembolsos mensuales.