Durante la entrevista, habló de la eliminación de la base salarial y citó países como Suecia y Noruega, que son el cielo frente al infierno de Paraguay en cuanto a derechos sociales y calidad de vida. “Lo que todos queremos es que el paraguayo gane cada vez más y no un salario mínimo que ya es bajo. El salario mínimo se mejora, en el futuro, eliminándolo. No hay salario mínimo en Suecia y Noruega. Lo que se debe hacer es flexibilizar para que las empresas en el mundo digan que este es un país espectacular. Las empresas van a decir que hay energía barata, que hay grado de inversión, que hay logística e infraestructura y condiciones laborales flexibles”, señaló sin saber que le venía una censura del propio Gobierno.
PEAJE. En otro momento de la semana y en medio de protestas por la suba de los peajes en las rutas nacionales desde el 1 de enero, la ministra de Obras, Claudia Centurión, tampoco tuvo su mejor papel. La reunión con pobladores y representantes de las zonas afectadas dejó una frase para la historia (que hoy se escribe en memes). Tratando de justificar los aumentos y dirigiéndose a la gente de Coronel Bogado, les propuso trasladar el costo de producción al usuario: “Seguramente la chipa va a tener que ajustarse en su costo también. Es así, es una realidad”, dio clases básicas de economía tomando como ejemplo la actividad económica de la zona.
DÓNDE ESTÁ EL PILOTO. El mentado plan de tobilleras electrónicas, que ocupó el discurso del Gobierno apenas asumió en 2023, no tuvo su mejor estreno. La coordinación es una palabra que no existe en el Estado y en gran parte jugó para que se ahogara el plan piloto. De manera sorpresiva, un tribunal determinó el uso y eligió beneficiario. El primer error fue que la víctima no fue comunicada de la decisión y se enteró por las redes, lo cual elevó su miedo ya que intentó matarla dos veces. La primera aplicación se retrasó porque no estaba claro el domicilio del reo al que se sumó el problema endémico de las precariedades tecnológicas de la Policía. Mientras se intentaban subsanar los problemas logísticos, la Corte Suprema emitió un comunicado con tirón de orejas para los camaristas de feria por apresurar la aplicación del dispositivo sin los protocolos ni instructivos necesarios. Finalmente, al beneficiario se le revocó la medida porque, dominado por su naturaleza violenta, amenazó vía interpósitas personas a su ex pareja y fue devuelto a la cárcel. Al piloto del plan le falló todo.
ALGO PASA. Una autoridad debe pensar dos veces antes de hablar…a no ser que su “desprolijidad” sea el pensamiento real y la preparación del terreno para lo que se viene. Así se entendió la postura de Giménez a pesar de la rápida reacción del propio Gobierno que a través del Ministerio del Trabajo salió a desmentirlo. “El Ministerio del Trabajo reafirma que el salario mínimo en Paraguay está plenamente garantizado por el artículo 92 de la Constitución Nacional, el cual protege el derecho de los trabajadores a recibir una remuneración justa y digna. Queremos dejar en claro que de ninguna manera existen intenciones por parte del Gobierno de eliminar este derecho fundamental”, aclaró la ministra Mónica Recalde.
Debe destacarse el sesgo en las declaraciones de Giménez, quien aludió a la rigidez de la ley laboral como una causa para la llegada de las inversiones. Decenas de estudios de economía señalan que tienen más peso para las grandes inversiones la calidad de la mano de obra, la institucionalidad y la seguridad jurídica que las condiciones laborales. Uruguay es el mejor ejemplo.
Si bien la rápida reacción cortó el debate, sin embargo, no disipa dudas de las verdaderas intenciones de una administración con marcada presencia y visión empresarial. Aún queda flotando en el ambiente aquella frase del presidente Peña a favor de la eliminación de la estabilidad laboral.
Estas posiciones generaron señales de alerta en la clase trabajadora que anuncia movilizaciones en marzo.
En cuanto al MOPC, reveló su falta de planificación y diálogo, además del estudio del impacto del peaje en las actividades económicas de las zonas, marcada por la informalidad. Como medida paliativa, Centurión anunció el cambio del peaje a otro lugar, y está por verse si no es trasladar el problema porque los pobladores de General Delgado anuncian también protestas.
Como el fiasco del plan piloto de las tobilleras electrónicas, la suba del peaje, las ideas sobre derechos laborales, es notoria la ausencia de coordinación, planificación, falta de diálogo interinstitucional y la poca atención de las autoridades con la gente. O quizá estas actitudes revelan la desconexión del poder de la ciudadanía.
El Gobierno de Peña debe entender que una cosa es ordenar la aprobación de leyes porque tiene la mayoría en el Congreso para aplastar sin debatir, y otra cuando sus decisiones afectan directamente a la población más vulnerable que ya dio por terminada la luna de miel y empieza a salir a las calles a defender sus derechos.
Y aquí, no hay Chaqueñitos ni Zenaidas que obedecerán sin chistar.
