Cuestionado desde el principio, el proyecto de control a las oenegés fue aprobado en tiempo récord por diputados y se da como un hecho su sanción por senadores. La experiencia inicial de la Comisión Bicameral de Investigación de Casos de Lavado de Activos, desde donde se han filtrado datos sobre miembros de la sociedad civil, y la denuncia de que un integrante de la CBI está ligado a una organización, genera muchas dudas. Este proceso ya está viciado, y no se debe ignorar que en una verdadera democracia la transparencia es esencial.
La filtración fácilmente puede ser vista como una medida de presión, y que además ha debilitado toda credibilidad de dicha Comisión Bicameral. Asusta, por otro lado, el posible retorno de las despreciables e ilegales acciones de tinte autoritario tan características de la dictadura de Alfredo Stroessner. Quienes tienen en sus manos el poder, con mayorías absolutas en uno de los poderes del Estado, deben ser conscientes del peligro que supone para un Estado de derecho, que tanto autoridades como funcionarios traspasen los límites que conducen al autoritarismo, el abuso de autoridad, las acciones abusivas y el uso de información privilegiada.
Estamos viviendo horas cruciales; de hecho que el Senado se apresta a aprobar el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. Esta propuesta, que es conocida también como ley garrote y ley antioenegés, ya cuenta con media sanción de Diputados.
Si desde el Parlamento Nacional están exigiendo transparencia a las organizaciones civiles, diputados y senadores también deben actuar con transparencia, cualquier otra acción es inaceptable. Precisamente por esta incoherencia se ha desatado un verdadero tsunami de dudas sobre el senador colorado cartista Gustavo Leite, miembro de la comisión garrote, sobre quien una investigación periodística ha revelado que se desempeñó como tesorero de una oenegé llamada Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, una asociación que presuntamente se ocupa del tratamiento y recuperación de personas adictas a las drogas y que tiene como benefactores a la Tabacalera del Este (Tabesa), firma ligada al ex presidente Horacio Cartes, y que fuera sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como también ha recibido una donación de Itaipú entre 2021 y 2022. En resumen, la oenegé de Leite recibió más de G. 490 millones de Itaipú y Tabesa.
Esta información ha desnudado la profunda incoherencia del legislador que, por un lado, es vicepresidente de una comisión que investiga el lavado de dinero de organizaciones, y por el otro él mismo forma parte junto con su esposa de una organización civil. La confusión de roles y conflicto de intereses es enorme y debe ser aclarada por los integrantes de la CBI.
El hecho de que el senador Leite afirme en una conferencia de prensa que es “oenegero transparente y mi señora también” es un insulto para todas las organizaciones civiles y para las personas que durante semanas han visto sus nombres arrastrados por el fango en las redes sociales. También resulta grave que se haya negado a exhibir las facturas, además de caer en contradicciones.
Una mención especial ameritan los insultos al propio presidente de la República, proferidos por el senador cartista en un audio revelado, en el que Gustavo Leite ha dejado en evidencia la presión contra las oenegés, y trata de “boludeces” las sugerencias de modificaciones que presentó Santiago Peña al proyecto de ley.
Estas opiniones dejan al presidente de la República como una figura irrelevante, lo cual es inaceptable en un marco de convivencia democrática en el que se deben permitir los disensos, pero se debe respetar a las personas y en este caso, la investidura presidencial.
