La señora Ladislaa García cuenta con un amparo constitucional para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, le pague la indemnización por el asesinato de su padre, el juez Arlindo García, asesinado durante la dictadura de Stroessner.
Presentó una nota ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, para presionar por el caso debido a que su esposo está con graves problemas de salud y no cuenta con recursos económicos necesarios para solventar los gastos requeridos.
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En ese sentido, los miembros de la comisión parlamentaria resolvieron remitir el expediente a la Presidencia de la República a consideración para la obtención del pago de la indemnización. La nota firmada por el senador Gilberto Apuril fue enviada durante el lunes al Ejecutivo.
García pidió junto con Katia Filártiga, hija del doctor Joel Holden Filártiga Ferreira, un amparo para acceder a la indemnización.