Al finalizar la reunión, el senador colorado Gustavo Leite conversó con la prensa y comentó sobre las conclusiones de esta primera reunión que contó con la presencia de representantes del Ministerio Público, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Superintendencia de Bancos y ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Leite citó los aspectos más destacados de la reunión, como la aceptación a la propuesta del senador colorado Colym Soroka de que el caso del diputado fallecido Lalo Gomes sea estudiado por la comisión, en lo que refiere al lavado de dinero.
Asimismo, manifestó que se pidió a la Fiscalía que, nota mediante, remita un informe de las causas y carpetas abiertas por lavado de dinero, a modo de saber en qué etapa se encuentran, cuántas llegaron a imputación y cuántas se desestimaron.
Lea más: La CBI arranca hoy primera reunión con titulares de FGE, la Seprelad y el TSJE
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Necesitamos tener estadísticas, porque sin eso estamos a ciegas”, agregó Leite.
Control a las oenegés
El senador colorado Gustavo Leite mencionó, además, que las autoridades de la Seprelad confirmaron la necesidad de una ley que controle la plata que las oenegés utilizan, tanto lo que reciben “de adentro y de afuera” como el gasto detallado.
“Un informe todavía oficioso del Ministerio de Economía nos dice que apenas la mitad de las oenegés informan a quién le dan su dinero. Eso fue levantado como un problema potencial por la Justicia Electoral”, comentó Leite.
De igual modo, calificó como “acertada” la media sanción que el Senado dio al proyecto de ley de transparencia y control de las oenegés, más conocido como ley anti-ONG, puesto que es “requerida por las autoridades que controlan el lavado de dinero”.
“Espero que los colegas diputados actúen en consecuencia y lo antes posible puedan tratarla”, auguró el legislador.
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Leite mencionó que solicitaron a la Seprelad los ratios de los informes de Inteligencia, además de las carpetas y los resultados de la Fiscalía, para estar al tanto de cómo están actuando las instituciones que se ocupan de evitar el lavado de dinero.
Por otro lado, el legislador señaló que las autoridades del TSJE confirmaron que existió una oenegé que trató de controlar parte del proceso eleccionario, teniendo como candidato a uno de sus directivos, algo que “no corresponde”, según él.
Adelantó, además, que trabajarán con representantes de otras instituciones en las próximas reuniones y que se debe tener en cuenta que los informes que están recibiendo “recién están empezando a llegar” y se estima que el jueves “tendrán datos más concretos”.
“La ciudadanía va a confrontarse con la verdad a través de nosotros”, sentenció.
Minimizó sobre el control que buscan hacer a las oenegés
En otro momento de la conferencia, Leite minimizó las críticas y reacciones referentes a la comisión y el control hacia las oenegés.
El legislador colorado manifestó que “si 12.000 personas reciben dinero de las oenegés y no sabemos quiénes son, ¿cómo vamos a saber qué hicieron con su dinero? Ese es el problema”.
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“Si queremos saber qué se está haciendo, si se está violando el (artículo) 126 de la Constitución, que es meter plata de afuera para influir políticamente en Paraguay, necesitamos saber quién mandó la plata, quién es la gerencia acá, a quiénes le dan y dónde termina finalmente esa plata”, argumentó el legislador.
Mencionó que esas dudas corresponden a la “laguna” que trataron de “salvar” con la media sanción otorgada por el Senado al proyecto “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” y que “todo el mundo discute, se victimiza que se va a morir todo el mundo; no se va a morir nadie, por transparencia nunca se muere nadie”, acotó.
Los partidos y los movimientos políticos, en su funcionamiento, no podrán:
1. recibir auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o Estados extranjeros;
2. establecer estructuras que, directa o indirectamente, impliquen la utilización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político, y
3. constituirse con fines de sustituir por la fuerza el régimen de libertad y de democracia, o de poner en peligro la existencia de la República.
