Comisión de Legislación también rechaza criminalizar cierre de rutas

La Comisión de Legislación del Senado también se sumó al dictamen de rechazo al proyecto que criminaliza las protestas, al igual que la Comisión de Derechos Humanos.

El presidente del Congreso Óscar Salomón había anunciado que si tenía un dictamen se podría incluir en la sesión ordinaria de hoy.

Al final son dos los dictámenes, mientras que la Comisión de Asuntos Constitucionales no tuvo cuórum.

“Es un proyecto muy delicado”, opinó el liberal Carlos Zena, quien coordinó la reunión de la Comisión.

Puso como ejemplo la eventual victoria de un club deportivo, y que como parte de los festejos generalmente hacen caravanas en las rutas.

“La Constitución da derecho de libre tránsito a todos los ciudadanos”, indicó Sergio Godoy, proyectista de la modificación del Código Penal.

“Claro que tienen derecho a manifestarse, pero otros tienen que trasladarse a su lugar de trabajo, llevar a familiares enfermos, llevar a sus hijos al colegio (...) No puede estar limitado o bloqueado, y menos bajo amenaza a estados de derechos, recurriendo a una extorsión o cuasi extorsión”, replicó el cartista.

Indicó que hay una propuesta nueva, que había mencionado Enrique Riera durante el debate en la Comisión de DDHH. Es con relación a bajar a 3 años, y por violencia hasta 6 años.

“No tiene tipificación necesaria ni pena indicada como para disuadir a los que proceden a cerrar rutas, en muchos casos usando la violencia”, consideró Godoy.

“No acepto que digan que es criminalizar la lucha social. No es así. Es lucha de delincuentes y gente violenta (...) bajo ropaje de lucha social”, cuestionó el senador.

“Acá en realidad, creo que la Policía Nacional, el ministro del Interior no tienen agallas de ir a poner orden”, dijo el liberal Abel González.

“Lo que pasó últimamente es que hicieron cierres en demasiados lugares. No sé si la policía no tenía capacidad de garantizar el libre tránsito”, alegó el parlamentario.

“Así como está, creo que no corre. No tengo las modificaciones y si hay eso, podíamos pedir una postergación de 8 días para llevar adelante un mejor estudio”, indicó González.

“Yo me opongo a la postergación”, intervino la progresista Desirée Masi, acotando que en todo caso sea el pleno el que decida eso.

Reclamó que no hubo una presentación oficial de las modificaciones al proyecto, y acusó a Riera de querer forzar en la Comisión de DDHH.

“Dice que le estamos trancando los que estamos en contra de este tipo de proyectos”, cuestionó.

Tras la intervención de Masi, González refirió que retiraba su moción de postergación, y se iba a adherir al rechazo del proyecto de ley.

Godoy volvió a intervenir para alegar que se iba a encargar de mejorar el texto.

El senador por Hagamos Gilberto Apuril hizo referencia al dictamen de la Comisión de DDHH, que él preside, que fue por el rechazo.

Advirtió sobre las recomendaciones de la CIDH, y que si se tienen problemas, finalmente hay que recurrir a esa instancia, recordando que Paraguay ya tiene antecedentes de fallos en contra.