Esto ocurre a la vista de toda la población y con la complicidad del presidente Santiago Peña, quien pretende venderse como impoluto, especialmente en el escenario internacional y; sin embargo, sucumbe ante el primer silbato de su padrino político.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), compuesta por casi 40 organizaciones sin fines de lucro, presentó esta semana su informe anual con datos y contextos contundentes sobre la situación del país.
En el documento habla de los ataques hacia la sociedad civil organizada que empezaron en la campaña electoral 2022-2023, cuando los cartistas arremetieron contra el plan de transformación educativa y siguieron hasta la aprobación de la ley garrote, que busca censurar y controlar a las organizaciones sin fines de lucro que ante la desidia estatal trabajan por los derechos sociales, de salud y educación.
En su análisis de coyuntura, advierte sobre la concentración de poder en la élite gobernante vinculada al crimen organizado y la corrupción, mientras que en materia económica pone en relieve la desigualdad y el aumento de la precarización laboral con una informalidad de más del 60%, situación que limita el acceso a beneficios sociales.
Hambre y educación. Uno de los artículos desglosa los efectos que conlleva el polémico programa Hambre Cero del Gobierno, que implicó un recorte de recursos a otros programas como la investigación y ni siquiera soluciona el problema de fondo.
A pesar de los cuestionamientos de expertos, Hambre Cero se impuso sin avances en políticas orientadas a la buena alimentación o a un verdadero acceso universal. El programa está destinado a la niñez escolarizada y; sin embargo, la educación sigue siendo postergada, tanto en infraestructura como en la incorporación de políticas integrales.
Por ejemplo, sigue vigente la Resolución Nº 29664 que emitió Enrique Riera en el 2017 cuando se desempeñaba como ministro de Educación y Ciencias. Esta normativa prohíbe el uso y la difusión de materiales que contengan “ideología de género”, expresión utilizada por los ultraconservadores para desinformar y confundir con la teoría de género, un concepto que con bases científicas sienta argumentos sobre los derechos a la igualdad. De forma contraproducente, en el 2023 salió otra resolución que aprueba el uso de materiales denominados 12 Ciencias, que carece completamente de bases científicas y que solo promueve la discriminación.
El capítulo sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, recuerda que este año se cumplieron 35 años de democracia, pero también 35 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Además de todo lo mencionado respecto a la alimentación y educación, otra problemática preocupante es la violencia que sufre esta población vulnerable.
De enero a setiembre de 2024 se registraron cerca de 3.000 denuncias de violencias hacia niñas, niños y adolescentes, de las cuales 2.525 corresponden a abusos sexuales.
Aunque los antiderechos se niegan a abordar el género como una categoría de análisis para entender la desigualdad, la violencia desproporcionada y el patriarcado, las cifras siguen evidenciando el problema. El país registró 34 feminicidios y 46 intentos de este crimen perpetrado por razones de género. No solo son víctimas las mujeres, también los 58 huérfanos que quedan a cargo de otros familiares, sin apoyo estatal.
Los datos de Codehupy demuestran no solo desidia del Estado en materia de derechos, sino también su complicidad y directa responsabilidad.
