Cambiaban el relato las veces que fuera necesario, pero quienes se hacían finalmente con la administración de la cosa pública eran en esencia los mismos, una partida de pillos con alma de bucaneros dispuestos a repartirse el botín tras el abordaje electoral. En los últimos años, sin embargo, siento que algo cambió... y para mal.
Nobleza obliga decir que la generalización es también en este caso una terrible injusticia. En todas las sucesivas administraciones republicanas siempre hubo figuras que se salían del cuadro general, del pillaje y el latrocinio, individualidades que buscaron genuinamente mejorar de alguna manera la calidad de vida de sus compatriotas, sean estos correligionarios o no.
Es más, hay capítulos de la transición política, como el de la constituyente, en la que, pese a tener mayoría, los colorados demostraron un saludable espíritu democrático, permitiendo la confección de una Carta Magna que en teoría permitiría la edificación de instituciones pluripartidistas, capaces de ejercer un control real del poder.
Pese a las buenas intenciones, empero, el tiempo nos demostró que la mayoría abyecta de la clase política igual encontraría la forma de tomar el control de esas instituciones para garantizar impunidad a sus acciones. Y sus acciones eran las de siempre, casi todas ellas vinculadas al robo del dinero público. Acaso una variación significativa fue la de Óscar González Daher, diputado y luego senador, quien consiguió empotrarse en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (las instituciones encargadas de nombrar y destituir a jueces y fiscales) para convertir al sistema de Justicia en una oficina de cobro compulsivo que esquilmaba a los clientes de su negocio: la usura.
Todas estas acciones de saqueo de las arcas públicas a través de sobrefacturaciones, licitaciones amañadas, reparto de cargos públicos e incluso la instrumentación de la Justicia para cerrar el negocio usurario fueron denunciados por la prensa. Casi siempre la revelación terminaba en la nada, muriendo en un largo e interminable laberinto contencioso judicial. No faltaron los fiscales corajudos que hicieron el esfuerzo de hacer justicia y de jueces que se animaron a fallar de acuerdo con la ley, e incluso unos pocos bribones terminaron tras las rejas. Pero eran la excepción a la regla. El pillaje no se acabó nunca.
Esta vez, sin embargo, la situación es diferente. Otra vez quedó expuesta la manipulación del sistema judicial por parte de operadores políticos para blanquear a quienes violentan la ley. Solo que ahora ya no son solo los rateros criollos, las sanguijuelas del erario público. El contenido del teléfono de un diputado muerto en un allanamiento fiscal, en busca de pruebas de su vinculación con el crimen organizado, desnuda una situación infinitamente más perturbadora.
Ahora hay pruebas de cómo políticos vinculados o financiados por la mafia operan con jueces y fiscales para garantizar impunidad a narcotraficantes y asesinos a sueldo. Hemos sido testigos de cómo fiscales o funcionarios que molestaban en ese tráfico atroz terminaron asesinados. Pero lo más espeluznante es que una vez que toda esa trama aterradora fuera expuesta, el fiscal general del Estado, el propio presidente de la República e incluso un sector de la prensa funcional al núcleo de poder de los republicanos han intentado minimizar el escándalo, pretendiendo centrar el debate en cómo se supo y no en lo espantoso que ahora se sabe; como si la intención fuera exponer a quienes se atreven a revelar cómo funciona el sistema a la venganza de los criminales expuestos.
En todo este tiempo de hacer periodismo no recuerdo un periodo en que la labor se haya sentido tan solitaria e indefensa. Hoy enfrentamos a asesinos... y sus cómplices, voluntarios o no, están en todas partes.
