Diversas compras públicas realizadas en época de la emergencia sanitaria por la pandemia de la enfermedad por Covid-19 acabaron siendo frustradas debido a fuertes sospechas de irregularidades y pasaron a ser objeto de investigaciones por parte de organismos como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, entre otros.
Con estos casos se demuestra que diversos esquemas de corrupción continúan vigentes e incluso que estos fueron utilizados en procesos realizados durante la situación actual. El caso más emblemático es el de la compra de mascarillas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), en el cual ya hay imputados (siete en total) y las pesquisas apuntan a que, en tan solo un día y medio, seis empresas de maletín inflaron al doble el precio de venta de un insumo vencido. Los tapabocas tenían un costo de G. 15.000, pero al final la Dinac los compró por un precio de G. 29.900 por unidad.
RESCISIÓN EN SALUD
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social decidió iniciar el proceso de rescisión de contrato con dos empresas proveedoras (Imedic SA y Eurotec SA), adjudicadas para la adquisición de insumos y camas, luego de varias polémicas en el proceso. Desde el vamos hubo cuestionamientos, ya que las adjudicadas son de una misma familia (los representantes legales identificados son Marcelo Rubén Ferreira y Patricia Beatriz Ferreira), y estas acabaron cobrando un anticipo por la operación, pese a que esto no era parte de las condiciones fijadas con anterioridad.
Luego de verificarse el incumplimiento de las obligaciones en el pliego de bases y condiciones, Salud inició la rescisión del contrato y notificó la situación a la aseguradora con respecto a las pólizas de caución sobre la garantía de anticipo. Las firmas entregaron mascarillas que no cumplían con la documentación necesaria, equipos de protección individual (EPI) no acordes a las especificaciones, y camas que fueron rechazas por no tener ni las articulaciones ni la altura requeridas, conforme a las explicaciones de la cartera sanitaria.
SUSPENSIÓN EN IPS
Otro caso que tomó notoriedad pública en las últimas semanas es el de la compra de un software por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), por G. 40.000 millones, que si bien no se realizó bajo argumento de la crisis sanitaria, avanzó hasta realizarse la adjudicación en tiempos de la lucha contra la pandemia. La adjudicada fue la firma Green SA, que en el Departamento de Alto Paraná opera en la casa de su representante legal, Hugo Wilson Armoa, según él mismo reconoció en una entrevista concedida a Última Hora.
La Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft) denunció que el llamado fue direccionado y que el costo acordado es exagerado, en comparación con sistemas similares adquiridos en territorio nacional. Ante las dudas y críticas de la ciudadanía, el Consejo de Administración del IPS acabó suspendiendo la ejecución del contrato a las resultas de una investigación de la DNCP.
También está el caso de Petropar, donde se adquirió agua tónica de un proveedor de otro rubro a un precio tres veces superior al que se podía encontrar en el mercado, entre otras compras sospechosas.
Las cifras
17 investigaciones abrió la DNCP sobre compras realizadas bajo argumento de la lucha contra el Covid-19.
90 pedidos de informe realizó igualmente, para cotejar que los procesos no hayan sido irregulares.
