Una pensaría que lo leyó antes y que estampó su firma de adhesión al documento, consciente del compromiso que estaba asumiendo como jefe de Estado de un país en el que precisamente en estos momentos se instaló el cháke oficial contra la prensa.
Pero no solo eso; se escatima información de carácter público, se cuestiona que los medios tengan una línea editorial, que los periodistas realicen preguntas y se acaba de descubrir que los holdings de medios están vinculados a otros rubros económicos.
Desde el Poder Legislativo se busca embarrar la imagen de los periodistas y medios de prensa que cumplen el papel de escudriñar, vigilar, contrastar con hechos y datos comprobables, lo que las autoridades dicen, dejan de hacer o cuando estas abusan del cargo que se les confía y cometen actos de corrupción o asumen conductas antidemocráticas.
Denostar contra la prensa, desacreditar a los periodistas, exponerlos, humillarlos o responderles con desdén y enfado, como lo hizo anteayer el presidente, visiblemente molesto por la pregunta de un periodista de ABC Color, indica que rendir cuentas o brindar explicaciones no está asumido como una obligación componente fundamental de un servidor público en democracia. Aclarar las veces que haga falta sobre las decisiones que se adoptan en función de Estado.
Con este gobierno, que utiliza todos los medios de comunicación del Estado a su favor, más los medios del Grupo Cartes, y otros favorecidos con pautas publicitarias estatales, los periodistas hemos visto escalar la intolerancia, el discurso de odio, campañas de ataques personales y dirigidas a las empresas periodísticas que cumplen su papel. Que molestan porque cuestionan, critican, descubren, desenmascaran.
En tanto, los medios públicos en Paraguay no siguen siendo del y para el público, sino del gobierno de turno. Las oficinas de prensa solo canalizan información que ellos califican debe conocerse. Pero no toda la información que aparece, puede ser de gran interés ciudadano.
Por eso, surge la duda respecto a si el presidente suscribió la Declaración de Chapultepec porque comparte con el contenido o por mero trámite para quedar bien ante la opinión pública internacional. Recordemos que al hacerlo aprovechó la ocasión para despacharse contra los medios de comunicación paraguayos, asociándolos con una lógica de la época de la dictadura en que “lo único que cabían era la resistencia, la lucha, la oposición”. Simplificando así el importante rol de contrapoder de la prensa.
Se podría pensar que lo hizo para transmitir al ala dura del cartismo, que se frota las manos soñando con escribir una ley de prensa, que él como presidente no podría acompañar algo así, ya que el decálogo de la SIP tiene como eje principal que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación, según reza en el Preámbulo. Pero esta posibilidad se desvanece inmediatamente al tomar en cuenta que adherirse a la Declaración de Chapultepec no genera ninguna vinculación jurídica, sino un compromiso ético. Allí sí la traemos mal en un país donde la ética suena a vacío, a nada.
Entonces, qué bien que haya medios que incomoden a quienes por voluntad soberana representan y administran los intereses ciudadanos y están obligados a rendir cuentas.
Cuando ya no existan medios así, y los periodistas solo transmitan lo que el gobierno de turno quiere , creo que habremos fracasado como sociedad.
