Hasta hace poco estaba en duda si el estacionamiento tarifado iba a volver a ser explotado por el Consorcio Parxin, que le ganó un litigio judicial a la Municipalidad de Asunción, o si iba a estar a cargo de otro proveedor.
El jefe de Gabinete de la Comuna, Federico Mora, afirmó este martes que, luego de la malograda adjudicación a la empresa en 2014 y cuyo contrato se revocó en 2017, volverá a operar para “dar cumplimiento al contrato"; caso contrario, tendrá que pagar una multa de USD 5 millones.
El Municipio y Parxin mantuvieron un litigio judicial en el que se reclamaron dicha suma por daños y perjuicios y el Tribunal Arbitral falló a favor del consorcio en 2020.
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“La medida judicial salió a favor de este consorcio. Entonces, nosotros tenemos que dar nuevamente esa oportunidad de rescindir esa propuesta; caso contrario, tenemos una multa de USD 5 millones. La verdad que no la queremos pagar”, expresó Mora a Monumental 1080 AM.
Explicó que se deben revisar de nuevo los detalles del contrato para evaluar cuál es el alcance y cómo se debería dar la ejecución en términos de señalización, equipamientos, grúas, aplicación de celular, el propio funcionamiento y el rol de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito.
“Y dentro de eso revisar los precios (...) Esto pasa por un promedio de G. 3.000 la hora, que es lo que se está aplicando dentro de la ciudad”, acotó.
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Dijo que toda la operación del servicio estará a cargo de la empresa y que en el transcurso de este mes se espera recibir una propuesta formal de todos los detalles, de modo a ajustar si nuevas zonas serán consideradas y para poder mantener una conversación con los cuidacoches, en el sentido de que se pueda redefinir su rol.
El manejo de 9.700 espacios para vehículos en 800 manzanas de la capital fue otorgado en su momento a Parxin a través de una licitación, pero fue suspendida por la institución municipal, a sugerencia de la Contraloría General de la República, bajo el argumento de que la póliza de seguro fue presentada fuera de tiempo.
Desde agosto del 2017, la Municipalidad de Asunción decidió anular todo ese proceso e ir a las instancias judiciales para resolver el polémico caso. Posteriormente, la empresa impulsó la demanda.