La Municipalidad de Asunción aún no completó el pedido de información pública sobre las compras realizadas de marzo a diciembre de 2020 por la pandemia del Covid-19 bajo la anterior gestión del actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
La causa continúa en proceso de investigación en la Contraloría General de la República, con proveedores bloqueados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y con una carpeta abierta ante la Fiscalía. De esta última acción no se conocen más avances de los referidos por el abogado Benito Torres, de la Municipalidad de Asunción, quien en conferencia puntualizó que les habían solicitado informes. Mientras que el fiscal Juan Manuel Ledesma no respondió a las llamadas desde ÚH.
En tanto, se encuentra también un pedido de urgimiento para iniciar el proceso de desacato de una orden judicial, que se interpuso ante el juzgado de primera instancia laboral, tercer turno, a cargo de Marcela Fernández, que dio lugar al amparo.
La solicitud, de elevarse al Ministerio Público, podría condenar a cárcel a los responsables de negar la información pública faltando al amparo. No hay respuestas hasta la fecha.
ANTES DE FIN DE AÑO
En Contraloría, según señaló el abogado Paul Ojeda, director general de Control de Contrataciones Públicas del Estado, la auditoría realizada a la Municipalidad de Asunción podría tener resultados en el último mes de este 2021.
Tras un pedido de prórroga, finalmente la Comuna cumplió con los documentos requeridos para el análisis, en tanto con el avance la Contraloría solicitó nuevos documentos respaldatorios. En este sentido, el Municipio estaría de igual manera en falta por no encontrarse al día con la Dirección de Rendición de Cuentas de la Contraloría.
“La documentación que se solicitó tiene que ver con ordenanzas, resoluciones y reglamentaciones, con respecto al uso de esos fondos”, compartió Ojeda, quien añadió que “en términos de tiempo estamos bien, estamos avanzando. Queremos estimativamente cerrar el dictamen antes de fin de año”.
La Municipalidad de Asunción, igualmente, en materia de información pública, tiene una deuda con los contribuyentes, compartiendo en data pública en su portal oficial solo el balance de ingresos y gastos hasta abril de 2020. Así mismo, cuenta con varios pedidos de informes realizados por ciudadanos en el portal de información pública que no fueron respondidos ni después ni en el plazo de los 15 días de la Ley 5282/14 “De acceso a la Información Pública”.
Se solicitaron ordenanzas, resoluciones y reglamentos, con respecto al uso de esos fondos... Queremos estimativamente cerrar el dictamen antes de fin de año. Abog. Paul Ojeda, Control de Contrataciones Públicas de la Contraloría.
