“Iniciamos un proceso judicial con relación a estos vehículos que ni siquiera se podrían recuperar. Son chatarras y pedimos su destrucción. Ahora, la Justicia determinará el procedimiento, pero para evitar situaciones o denuncias en contra de la Administración municipal, recurrimos a solicitar una orden judicial”, explicó el abogado Willian Florentín, director de Seguridad y Tránsito de la Comuna.
El hecho que se recurrió a un juicio civil es porque el Municipio de Ciudad del Este no cuenta con una ordenanza que regule el procedimiento de destrucción. Hay una ordenanza que establece que pasados los seis meses de no haberse pagado la multa por infracción, son considerados como abandonados.
Florentín refirió que tampoco la intención es aplicar a rajatabla la ordenanza, pero necesitan despejar el corralón de los vehículos que están verdaderamente abandonados. Recordó que administraciones de otros distritos destruyen los vehículos abandonados, vía resolución de la Intendencia, pero para evitar denuncias, optaron por buscar una orden judicial.
“El Juzgado nos pidió la publicación durante un mes y ahora se cumple. Después de la feria, veremos si sale. Vamos a ver qué dispone la Justicia para luego ver qué hacer con otras partidas que están más de un año, que no fueron incluidas en este grupo”, agregó.
La Dirección de Tránsito registra un promedio de 50 incautaciones de motocicletas depositadas, en espera de que sus propietarios abonen la multa y las retiren. En la mayoría de los casos, estas son retiradas en dos semanas o un mes, según su versión.
CONCIENCIACIÓN. Florentín recordó que los controles se realizan para concienciar a los motociclistas en el uso de casco y otras indumentarias, así como el respeto a las normas de tránsito.
Sin embargo, en unos días más ya comenzarán a aplicar las multas “porque solo así entiende la gente”, indicó.
“Suben a las veredas. Le para el agente que está dirigiendo el tránsito e igual avanza. Vamos a comenzar a multar porque no respetan”, manifestó.
Recordemos que los agentes implementarán el uso de cámaras corporales para documentar sus procedimientos, para lo cual la Comuna invirtió más de G. 116 millones en la adquisición de 62 equipos. “Queremos seguir trabajando con transparencia, ya que hasta ahora tenemos cinco años y cuatro meses, sin denuncia por corrupción”, manifestó.
Con una multa impaga, la Municipalidad bloquea al contribuyente para realizar otras gestiones, por lo que indefectiblemente debe abonar la infracción, si quiere pagar otras patentes o renovar el registro.
Sin embargo, esto no funciona con contribuyentes de otros municipios, porque no existe un sistema interconectado.
