A pesar de la profusión informativa actual, o mejor dicho, del tsunami informativo, pero con contenido dirigido y seleccionado por las fuentes oficiales, lo que queda es “mucho ruido y pocas nueces”.
Cuando se piden aclaraciones, ampliaciones o datos sobre determinados temas que son de alto interés de los ciudadanos, porque afectarán sus vidas, automáticamente surgen las barreras humanas que hoy tienen las oficinas de prensa, bajo la excusa de que la información está centralizada, aunque de lo que se trata es de filtrarla o acotarla solo a los intereses del poder. No de la gente.
En sus discursos, el presidente de la República habla frecuentemente de transparencia y de rendición de cuenta. En la práctica, lo que está sucediendo va a contramano.
Obtener información de carácter público ya resulta más efectivo recurriendo al procedimiento que establece la Ley 5282 “De acceso a la información pública”.
La sensación de profusión informativa que generan los contenidos audiovisuales y posteos en las redes sociales, donde hoy transcurre en gran medida ese mundo virtual paralelo, bonito y exitoso, no significa que todo está puesto a la luz pública. Hay mucha propaganda disfrazada, contenidos en tono exitista, imágenes perfectas detrás de las cuales hay mucho que no se ve, no se cuenta. Lo que empeora ante la precaria realidad laboral en los medios de comunicación, que redujeron sus planteles de periodistas y, como consecuencia, dejaron de tenerlos recorriendo los ministerios y las diversas otras fuentes vigilando presencialmente la gestión de las autoridades.
El presidente Peña dice que nuestro país será un centro de conectividad, un hub físico y digital “de clase mundial”. Claro, suponemos que puede ser si superamos las limitaciones de conectividad que tenemos, porque en materia de internet dependemos de los puntos de amarre a los cables submarinos de los países vecinos, principalmente, Argentina y Brasil, y padecemos limitaciones en la cobertura. No hay una política de Estado que apunte a reducir la brecha digital existente entre los ciudadanos de mayor ingreso económico y el resto. Ni una tarifa social de conexión a internet.
Igual suena fantástico soñar en grande y dibujar un país donde todo esté interconectado y el flujo de la información y la comunicación no sean privativos de cierto segmento de la población., ni al arbitrio de un “Gran Hermano”. En una proyección así, tan ambiciosa y amplia, queda muy mal que las Oficinas de Comunicación del Estado trabajen con la acotada idea de publicar solo lo que creen que las autoridades de turno quieren que se sepa y dificulten el acceso a la información de carácter público y a las autoridades.
Tampoco va a acorde con esa imagen proyectada de país el desprecio actual a la participación ciudadana en el debate de los temas que significarán cambios radicales en la vida de las personas.
Transparencia, participación, rendición de cuenta, réplica y contrarréplica, pluralidad de voces, movilizaciones, acceso a la información y prensa libre, búsqueda de consenso hacen parte de una convivencia democrática. Quienes hoy están en los servicios de comunicación del Estado lo saben, solo falta que varios de ellos internalicen que se deben no al gobierno de turno, sino a los ciudadanos y que la información pública debe ser pública.
