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“Tenemos miedo que nos haga algo... ellos (los peones) pescan por nuestra gente”, dijo a ULTIMAHORA.COM, Leonardo González, uno de los incansables luchadores de la comunidad Sawhoyamaxa.
El nativo comentó que la comunidad está preocupada con la desaparición de uno de sus miembros, Alfredo Acuña. Temen que haya sido asesinado por orden del alemán Heribert Roedel, quien estaría enfadado por la promulgación de la ley que lo obliga a vender forzosamente 14.000 hectáreas de su propiedad.
El colono alemán presentó una acción de inconstitucionalidad de la ley que prolongará aún más el proceso de entrega de las tierras a la comunidad, que en principio se estimaba que culminaría en dos meses.
Los Sawhoyamxa, del pueblo Enxet, fueron expulsados de sus tierras hace 23 años y tuvieron que vivir a la orilla de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción. Hace un año decidieron reocupar parte de sus tierras como forma de presión para que se cumpla con la sentencia internacional que obliga al Estado paraguayo a reponer sus tierras.
Pero no lograron desplazarse con libertad ya que los peones de Roedel suelen recorrer ahuyentando a los nativos que se adentraban en el bosque para cazar y recolectar frutas. “Nuestra gente hace poco fue de cacería y los peones los obligaron a salir”, denunció González.
Carlos Marecos, líder que inició la lucha de recuperación de las tierras ubicadas Presidente Hayes, recordó los años que la comunidad vivió a la orilla de la ruta, la principal preocupación era el riesgo que corrían los niños al jugar en la carretera, donde se desplazan camiones de gran porte, incluso tres nativos fallecieron a causa de accidentes de tránsito en el lugar.
La misma ruta que apeligraba a los nativos divide las tierras de la comunidad por un lado 11.000 hectáreas y por el otro alrededor de 3.000, las fincas aún están en manos de Roedel quien tiene antecedentes en su país por estafar a inversores alemanes con un esquema de venta fraudulenta de tierras en Paraguay.
Para sobrevivir varios nativos abandonaban por temporadas a sus familias para trabajar en las estancias aledañas.
Actualmente los Sawhoyamaxa reciben asistencia en cuanto a víveres, pero el alimento llega solo para 90 familias frente una población de 160 familias. El agua también es un problema, si bien hay un riachuelo que atraviesa la comunidad en épocas de sequía la situación es insostenible, pues deben depender de camiones cisterna.
Se alarga la espera de la comunidad para vivir libremente en sus tierras
El Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) solicitó la semana pasada al juzgado la inscripción preventiva de las tierras a favor de la comunidad para evitar que el propietario las venda mientras dure el proceso de expropiación, pero una acción de no innovar que data del 2008 en un plan de aseguramiento territorial provoca que este proceso dure más de lo previsto, explica el jefe de Gestión Administrativa y Judicial del Indi, Ricargo Ortega.
En este sentido se debe pedir al juzgado levantar la medida a los efectos exclusivos de la ley pero una vez que el expediente vuelva a primera instancia, ya que actualmente se encuentra en la Cámara de Apelaciones luego de que el abogado de Roedel presentara un incidente al no recibir de su cliente el pago por sus servicios.
Pero el mayor inconveniente es el pedido de inconstitucionalidad de la ley de expropiación que presentó recientemente el alemán, quien se opone a vender sus tierras a pesar de una sentencia internacional.
En principio se tenía previsto entregar el título de propiedad en dos meses, pero con los obstáculos judiciales que se presentaron se desconoce cuánto tiempo durará el proceso de expropiación ya que ahora está en manos de la Corte aceptar o rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la ley promulgada por el Ejecutivo en junio pasado.
Una vez resuelta la cuestión judicial el Ministerio de Hacienda debe liberar los fondos para la indemnización a Roedel, ya que el Indi prevé en su presupuesto este gasto.
La Corte también determinó una inversión de USD 1 millón para el desarrollo comunitario, sin embargo este fondo forma parte de los G. 3.100 millones que desaparecieron durante la gestión de Rubén Quesnel.
Antecedentes del proceso de recuperación del territorio Sawhoyamaxa
La lucha de la comunidad comienza en 1991 con el pedido de sus derechos territoriales ante el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR).
En esa época se estudió como primera posibilidad la adquisición de los inmuebles, pero las negociaciones no prosperaron debido a la negativa del propietario. Entonces se determina la expropiación de las tierras como única vía, el proyecto se presenta en el Congreso en el 2000, pero fracasa por falta de votos, recuerda el abogado de Tierra Viva, Oscar Ayala Amarilla.
Las posibilidades internas agotan y se presenta el caso a organismos internacionales en el 2001. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empieza a realizar sus indagaciones y pide informes al Estado, en el 2005 concluye en que se violó el derecho a la propiedad comunitaria de la comunidad y emite recomendaciones al Paraguay.
Al no cumplirse con las recomendaciones se presenta la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2006 condena al Paraguay a restituir sus tierras a la comunidad Sawhoyamaxa y a la creación de un fondo para su desarrollo.
Ayala recuerda que a partir de la sentencia el problema fue la ausencia de un mecanismo para cumplir con la disposición. Si bien en el 2007 la organización que asiste a los nativos presentó una propuesta, el presidente de entonces Nicanor Duarte Frutos no aprobó el documento.
La iniciativa se retomó durante el gobierno de Fernando Lugo, quien decretó la conformación de una comisión interinstitucional liderada por la Procuraduría.
Debido a la muerte de varios indígenas por falta de asistencia médica el Estado debió pagar en varias cuotas la suma de USD 20.000 a las familias de las víctimas quienes optaron por un aprovechamiento comunitario de los recursos.
Sin embargo, el proceso negociador se irrumpe con la destitución de Lugo en el 2011 a través de un juicio político, calificado como golpe parlamentario por varios sectores de la sociedad.
Su sucesor, el liberal Federico Franco nombra un equipo negociador para intentar una vez más adquirir las tierras a comienzos del 2013, pero las intenciones fracasan nuevamente y decide presentar el proyecto de expropiación al Congreso el último día de su gestión.
El 24 de abril pasado la Cámara de Senadores aprueba la devolución de las tierras tras presión de la comunidad Sawhoyamaxa, la sociedad y organismos internacionales; el 21 de mayo la ley queda sancionada en la Cámara Baja. El 11 de junio el presidente Horacio Cartes promulgó la ley.
