El senador Daniel Rojas López (PLRA) remitió a la Contraloría General de la República una nota a través de la cual solicita el control, supervisión y vigilancia del proceso licitatorio, por el cual, desde el Ministerio del Interior se adjudicó la implementación de las cédulas electrónicas. Esto, tras tomar conocimiento sobre supuestas irregularidades.
El supuesto direccionamiento del Pliego de Bases y Condiciones (PBC); la adjudicación, pese a contar con un dictamen negativo de la Contraloría; el pago de anticipo sin un presupuesto garantizado; el uso de recursos del Fonacide; y el incumplimiento de los plazos por parte del contratista son algunos de los puntos señalados por el legislador.
Rojas describe, entre otras cosas, que además de no cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) en lo que respecta a los plazos, la contratista pretende modificar cuestiones técnicas, ampliar precios que no corresponden y además, alega que existieron supuestas sobrefacturaciones en obras civiles del proceso. Asimismo, denuncia que para el pago de anticipos se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Sucesivas adendas
La licitación 333.492 para el mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones y Emisión de Cédulas y Pasaportes en Paraguay concluyó con la adjudicación al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), representado por Lía Zanotti Cavazzoni de Lindgren.
En diciembre del 2017, el Ministerio del Interior firmó el contrato con la empresa adjudicada en la licitación de la expedición de cédulas electrónicas, pese a un dictamen de la Contraloría General de la República que recomendaba cancelar el proceso por indicios de irregularidades.
Según una denuncia con protección al denunciante (ver PDF adjunto), presentada ante la Dirección de Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Ministerio del Interior lleva adelante el contrato a pesar de existir una serie de indicios de irregularidades e incluso, en aparente violación de los plazos de extensión establecidos en la ley 2.051/03.
Además, se realizó una auditoría general del Poder Ejecutivo que objetó varios puntos del contrato, los cuales hasta el momento no fueron aclarados por las partes.
El contrato firmado entre el entonces ministro del Interior, Lorenzo Lezcano (de la era de Horacio Cartes), y representantes de la firma tendía como vigencia el 31 de diciembre del 2019 o hasta cumplir con las obligaciones acordadas. Una primera adenda se firmó un año después, dejando como vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.
En una segunda adenda, firmada el 30 de diciembre del 2021, Interior estableció que se dejaba establecida la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre del 2022.
A pesar de que se presentaron denuncias por el incumplimiento de los plazos, una tercera adenda fue firmada por el ministro del Interior, Federico González, el 29 de diciembre del 2022, por la cual se fijó que el contrato tenga vigencia hasta el 3 de marzo del 2023.
La cuarta adenda firmada, otra vez por Federico González, se suscribió el 3 de marzo, estableciendo que el contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Plazos exceden lo permitido por ley
Las sucesivas modificaciones de los plazos del contrato llevan a que el mismo, que en principio era por dos años, se haya extendido ampliamente el plazo de vigencia, siendo que la Ley de Contrataciones establece que para obras públicas la ampliación de los contratos no podrá exceder al 20% de lo estipulado inicialmente.
Considerando que el presente contrato incluía la ejecución de obras públicas, al momento de la realización de los acuerdos modificatorios también debió considerarse lo prescrito en el artículo 62 de la ley 2.051/03, que dispone: “Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato”.
Los códigos utilizados para el pago del anticipo son 520, 540 y 570, respectivamente, los cuales, según el clasificador presupuestario del 2018, corresponden a construcciones, inversiones; adquisiciones de equipos de oficina y computación, así como la adquisición de equipos intangibles, respectivamente.
Supuesto direccionamiento de la licitación
En noviembre del 2018, una denuncia publicada por Última Hora deja en evidencia que la licitación para la compra de un nuevo sistema de cédulas electrónicas registraba varias supuestas irregularidades. Empresas oferentes denunciaban que el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) fue hecho a medida de una firma internacional.
Uno de los requerimientos obligatorios del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establecía que la empresa adjudicada sea fabricante del chip que se insertará en las tarjetas de identidad expedidas, aspecto que limitó a las demás empresas para concursar.
Así también, el oferente debía comprobar de manera obligatoria que prestaría servicios de solución instantánea de documentos de identidad en América Latina, requisito que solo cumplía la empresa francesa que presta servicios en Uruguay y Perú.
El monto del contrato supera los USD 30 millones. El Ministerio del Interior adjudicó al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet.
Interior dice que Contrataciones no suspendió el proceso
Tras la nueva denuncia sobre supuestas irregularidades en el proceso para la adjudicación y ejecución de un nuevo sistema para la expedición de cédulas electrónicas, el Ministerio del Interior asegura que fue la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la que no ordenó suspender el proceso.
Sin expedirse sobre las supuestas irregularidades que existieron desde el inicio del proceso, el Ministerio del Interior señala que todas las protestas y acciones judiciales presentadas por las firmas oferentes fueron rechazadas o desestimadas.
En la misma línea, señalan que la recomendación de la Contraloría General de la República (CGR) sugiere cancelar el proceso por las supuestas irregularidades, las cuales fueron transmitidas a la Procuraduría General de la República y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Última Hora intentó conversar con el ministro del Interior, Federico González, para consultarle sobre las últimas adendas firmadas y si estaba al tanto de que estas iban contra los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones, pero el mismo no respondió las llamadas realizadas al celular con terminación 105.