El diputado colorado Tomás Fidelino Rivas, a través de sus abogados Jorge Bogarín y Patricia Carolina Vitale, planteó la nulidad de la imputación por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El parlamentario pretende anular el proceso que se inició con base en publicaciones periodísticas de Última Hora.
Dichas investigaciones revelaron que el legislador hizo figurar a tres empleados particulares suyos como funcionarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que en realidad no prestaban servicio alguno al Estado. Se trata de Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González.
El abogado Jorge Bogarín explicó que el fiscal Luis Piñánez imputó a su defendido, sin que el mismo haya sido previamente desprovisto de su inmunidad, contraviniendo expresas disposiciones constitucionales y legales, lo cual torna nula la imputación referida.
“Con la presentación del acta de imputación, los agentes fiscales han vulnerado la inmunidad del diputado nacional, en razón de que no se ha realizado información sumaria alguna, ni mucho menos la comunicación de la investigación a la Cámara Baja, requisitos previos a la formación de la causa y sometimiento al proceso”, manifestó el defensor Bogarín.
Recalcó que la imputación es pasible de ser atacada de nulidad por el agravio que causa a su defendido, ya que vulnera el derecho a la defensa de Rivas.
Finalmente solicita al Juzgado Penal de Garantías, a cargo de la magistrada Letizia Paredes, hacer lugar al incidente.
Cabe destacar que el año pasado los caseros ya plantearon el mismo recurso. Sin embargo, el juez de entonces –Rubén Riquelme (jubilado actualmente)– sostuvo que la imputación es completamente válida y se ajusta a derecho. También señaló que la Fiscalía cumplió con todos los requerimientos establecidos en el Código Procesal Penal.
“Se puede concluir que no existió violación de derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y nuestro ordenamiento de forma, por lo que mal podría declararse la nulidad absoluta”, concluyó el ex magistrado.
otras chicanas. El legislador cartista había planteado una apelación general en contra de su pedido de desafuero, argumentando que la imputación en su contra no posee fundamentos. El Tribunal de Apelación Penal rechazó la apelación por lo que Rivas recurrió ante la Corte Suprema, con una acción de inconstitucionalidad que también se negó in límine.
El legislador quedó sin fueros el pasado 22 de mayo, por lo que ahora el fiscal Piñánez le puede citar a una declaración indagatoria.
el caso. Los antecedentes refieren que Chaparro y Romero figuran como contratados desde el 2013, cuando Rivas asumió como parlamentario, con salarios de G. 2 millones al mes. Por su parte, Franco fue contratado a mediados del 2016, con un salario de G. 3 millones.
El fiscal constató que estos en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en Diputados, ni siquiera en la zona del parlamento, pese a que firmaron planillas registro de entrada y salida.