Las causales que se detallan en el documento son cuatro, encabezadas por el caso de supuesto privilegio al empresario del Grupo Cartes, Karim Salum, para no cumplir la cuarentena, siguiendo con la falta de acción ante las irregularidades en la construcción de la obra del Metrobús; la deficiente investigación en el caso Curuguaty y la no clarificación de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana.
“Las conductas atribuidas a la titular de la Fiscalía General del Estado constituyen una clara violación de derechos fundamentales y normas constitucionales, se ha quebrado la confianza de la ciudadanía hacia su persona e investidura”, destaca el texto acusatorio.
Acosta afirmó que la fiscala ya no representa los intereses de la ciudadanía y que perdió la confianza “por la forma subjetiva de realizar su trabajo”.
“No es una cuestión jurisdiccional del Poder Judicial ni del Ministerio Público, no es ni delito ni crimen, esto es de connotación política porque creemos que la fiscala ya no representa genuinamente los intereses de la sociedad, a quienes debería representar, y muchas veces realiza imputaciones selectivas, a veces actuando de oficio, otras veces no”, resaltó el diputado.
Sobre la falta de números en la Cámara de Diputados para llevar adelante el enjuiciamiento a Quiñónez, en conocimiento de su fuerte alianza con el cartismo, que es la bancada mayoritaria, y el apoyo de Colorado Añetete y el llanismo, el legislador liberal reconoció que poner a consideración el pedido es difícil, pero recostó su denuncia en los antecedentes en los que otros elementos, como la presión ciudadana, movieron los votos.
Sin embargo, el respaldo que tiene la fiscala general no proviene solo del Partido Colorado, sino de los gremios de la producción, que se alzaron en su favor. Acosta señaló que se trata de los sectores, incluyendo el interior de su propio partido, que abogan por el statu quo.
Por su parte, Amarilla aseguró que Quiñónez perdió toda credibilidad y que la ciudadanía demostró su repudio y falta de confianza sobre todo en el caso de las irregularidades en la compra de insumos médicos, por lo que consideró que la clase política debe dar una señal.
Caso Salum. La acusación indica que la fiscala favoreció a Salum al excluirlo de realizar el aislamiento en los albergues obligatorio para viajeros que llegan al Paraguay, atentando contra la vida de los ciudadanos e infringiendo el principio de igualdad. Este fue el punto de relevancia que motivó al diputado Édgar Acosta a anunciar que presentaría un pedido de juicio político, que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su estudio, eventual ampliación y aprobación, para luego llevarlo al pleno.
La fiscala general ya no representa los intereses de la sociedad y muchas veces solo realiza imputaciones selectivas, actúa de oficio o no.
Édgar Acosta,
diputado liberal.
