El artículo 3 de la Constitución Nacional declara que el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que dicha relación será en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Y es bien concreta cuando dice que ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.
De todo esto, lo que mejor aplicaría para justificar una reunión de titulares de poderes es la coordinación y considerando que el motivo no ha surgido de un potencial hecho catastrófico o coyuntural y sumamente grave para la República, se podría afirmar que una cumbre de poderes no solamente no aporta mucho, sino que además y por sobre todas las cosas, socava los principios de independencia y el control mutuo.
En el Paraguay tenemos experiencia con este tipo de convocatorias, las cuales por lo general han terminado en cuestiones meramente declarativas porque una cumbre de poderes se parece mucho a formar una comisión o como afirma la conocida frase cuyo autor se pierde en la bruma del tiempo: “Si quieres retrasar, o distraer la solución de un asunto, crea una comisión”.
En la cumbre, los funcionarios hablaron sobre la lucha contra la corrupción, el contrabando, el tráfico de drogas y de armas y de acuerdo con los reportes, el presidente Santiago Peña pidió mantener una agenda conjunta entre los representantes de los poderes del Estado para poder combatir estos flagelos. No se puede negar que estos constituyen algunos de los más graves problemas a los que nos enfrentamos como nación, pero tampoco se puede dejar de señalar que se ve contradictorio y es desconcertante la preocupación del mandatario sobre la corrupción, cuando horas antes mencionaba su intención de deshacerse de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
De la cumbre de poderes tomaron parte además de Santiago Peña; el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el asesor político de la Presidencia, José Alberto Alderete; su jefa de Gabinete, Lea Giménez; así como también el titular del Congreso Nacional, Silvio Beto Ovelar; el ministro César Manuel Diesel Junghanns, titular de la Corte Suprema de Justicia; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y el contralor general de la República, Camilo Benítez.
Se puede ver claramente que todos quienes son considerados relevantes en la lucha contra la corrupción, el contrabando, el tráfico de drogas y de armas participaron de la reunión. Precisamente, por eso podemos decir que es innecesaria una cumbre ya que además de poner en cuestión la idea de la independencia y el control mutuo de los poderes, cada institución tiene precisamente sus funciones definidas puntualmente por la misma Constitución Nacional, algunas de ellas incluso fijadas en el nombre de la institución como la Contraloría que debe controlar y la Fiscalía General que debe proteger el patrimonio público y social.
Santiago Peña afirmó tras el encuentro su satisfacción: “Tuvimos un hermoso encuentro, fue una reunión que para mí era clave terminar esta primera semana al frente del Ejecutivo para dialogar con ellos y transmitirles la necesidad de trabajar todos juntos en los grandes desafíos que tiene el Paraguay”. Lamentablemente olvidó mencionar su intención de eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción, lo cual sería un grave error pues precisamente lo que en Paraguay necesitamos es fortalecer las instituciones.
Es positivo que Peña tienda puentes y promueva el diálogo, sin embargo debe ser cuidadoso para mantener la independencia de los poderes por encima de toda suspicacia.
