Sin embargo, con el final de la ley de emergencia el pasado 31 de diciembre, también aquella pierde vigencia, ya que está atada a esta legislación. Ya en el momento de su publicación, la mayor parte de los gastos socioambientales estaban comprometidos, por lo que casi nada fue direccionado al Ministerio de Salud.
Desde la oposición ya se habla de trabajar nuevamente para darles un destino social a estos recursos, que históricamente se utilizaron como botín político, principalmente por los gobiernos colorados.
Se trata de la Ley Nº 6729, “que destina los recursos en concepto de responsabilidad social-empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá correspondientes al lado paraguayo, sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia del Covid-19”.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, dijo que no hay excusas para direccionar de nuevo los gastos sociales a Salud o Educación, ya que con la aprobación de la ley se desmitificó el argumento de los más conservadores de que los fondos de las binacionales no se podían utilizar debido a que estaban regidos por un tratado entre Paraguay y Brasil.
La prórroga que había pedido el Ministerio de Salud de la ley de emergencia no fue aprobada en la última sesión de la Cámara de Diputados. “Si se extiende esta ley se extiende también su accesorio”, indicó González.
Mientras tanto, todavía no hay ningún pedido de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para una sesión extraordinaria, en la que pueda ser tratada la extensión de la ley de emergencia.
González mencionó que es necesario volver a tener mayoría para poder darle un destino eficiente a los gastos sociales de las binacionales.
“En realidad se alinearon los astros, la emergencia nos permitió un margen de maniobra importante, para que los colorados acompañen, que fue lo que sucedió”, recordó la legisladora.
Blindar esos fondos es el objetivo ideal, indicó González, para que se pueda utilizar para salud, educación o pagar la deuda del Estado.
Por su parte, el diputado colorado Derlis Maidana, recordó que la ley 6848 estipula varias fuentes de financiamiento para la cobertura a pacientes Covid, no solamente los fondos de las binacionales. En ese sentido se habla de recursos establecidos por ley 6725, gastos sociales de las binacionales, gastos no comprometidos del Fonacide, fondos establecidos en la ley de presupuesto y donaciones.
Antecedente. La crisis sanitaria obligó a las fuerzas políticas a optar por destinar los fondos sociales de las binacionales para el financiamiento de la salud pública.
Las bancadas coloradas habían decidido votar por el rechazo de la norma, pero un quiebre en el cartismo, con cinco diputados en disidencia, posibilitó la sanción.
El monto calculado que generan Itaipú y Yacyretá en este concepto anualmente es de más de USD 150 millones, sin embargo, en el año de la promulgación de la ley, la mayor parte de este recurso ya estaba comprometido.
El ministro de Salud, Julio Borba, informó en ese entonces, que se contaba con USD 30 millones.
Antes de su aprobación, diputados colorados intentaron frenar la norma. Una de las principales polémicas que se generó por el proyecto tuvo que ver con que plantearon modificar la propuesta remitida por la Cámara de Senadores cambiando la expresión “dispóngase al Poder Ejecutivo” por “autorícese al Poder Ejecutivo”.
Esto hubiese cambiado el sentido del documento, ya que con esa modificación la ley no obligaría al Ejecutivo a destinar los fondos a Salud. Sin embargo, la propuesta quedó sin efecto y se aprobó la versión del Senado.
En otro momento además, los diputados colorados alertaron que muchos programas y proyectos estarán en riesgo con la ley.
El ex coordinador general de Becal, Federico Mora, afirmó entonces que si se tocaban los fondos serían afectados 4.600 beneficiarios de becas universitarias que otorga este programa, financiadas por Itaipú.
La oposición negó que esto fuese real y acusaron que se estaba abriendo paraguas para su rechazo.
Ley de emergencia. En la última sesión del año de la Cámara de Diputados, los opositores junto con los cartistas dejaron sin cuórum la sesión e impidieron la extensión de la ley de emergencia, alegando que solo se trataba de un intento de “comer más plata” por parte del oficialismo.
Se bloqueó así un crédito de USD 20 millones para el Ministerio de Agricultura que se incluyó en la ley de emergencia.
Kattya González dijo igualmente que es posible que la comisión permanente convoque a sesión para tratar la normativa para prorrogar la emergencia, ya que existe un gran interés por parte del gobierno. De no darse esta sesión, se hará en marzo.
150
millones de dólares es el monto calculado de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá generado anualmente.
Hay que insistir y convertir en una ley blindada si queremos que los fondos se destinen a salud exclusivamente.
Kattya González,
diputada del PEN.
La Ley 6848 estipula varias fuentes de financiamiento, solo una de ellas son de las binacionales.
Derlis Maidana,
diputado de la ANR.
