La titular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), Patricia Stanley, manifestó ayer su frustración por las observaciones que tuvo Paraguay en su cuarto examen sobre políticas comerciales ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Los miembros del organismo hicieron notar las falencias que tiene el país en la observancia de derechos de propiedad intelectual, control de la piratería, protección de patentes y la necesidad de adoptar el protocolo de enmienda sobre Aspectos de Derecho a la Propiedad Intelectual (Adpic).
“Nosotros nos sentimos frustrados cuando hacemos un decomiso y esta empresa sigue operando por una medida cautelar. Es obvia la frustración porque la calificación es a nivel de sistema, que incluye al Ministerio Público y el Poder Judicial, no solo se califica al Ejecutivo. Si uno se aplaza, nos aplazamos todos”, subrayó.
No obstante, reconoció que también dentro de las competencias del Gobierno hay falencias, principalmente en los recursos económicos con que dispone Dinapi para contar con el personal altamente calificado que precisa.
De los 120 funcionarios con que cuenta la institución, apenas cuatro tienen la capacidad técnica para realizar los estudios de marcas y solo tres examinadores de patentes.
El promedio de solicitudes de marcas ronda de 15.000 y hasta 20.000 por año; por lo tanto, se precisa con urgencia recursos para contar con este personal calificado.
“Mientras otras instituciones tienen abundancia de funcionarios, a mí Hacienda me recorta el presupuesto. No tengo suficientes biotecnólogos que deben hablar francés, alemán y mandarín. Estos cerebros los tenemos en el Paraguay, pero no nos dan. Entonces, van a trabajar al exterior donde cobran en promedio G. 7 millones, mientras acá se les paga apenas G. 2,5 millones”, lamentó.
El estudio de la OMC destacó que a nivel regulatorio el Paraguay mostró avances en el último periodo verificado que abarca del 2011 al 2017, pero se hizo notar a las autoridades locales sobre la necesidad de ajustar sus controles.
Al ser consultada sobre esto, Stanley reveló que de los 32 puntos de acceso de mercaderías entre aduanas y puertos francos, la Dinapi tiene apenas seis funcionarios operativos que por protocolo deben ir de a dos para realizar estos procedimientos.
Con esto, pueden cubrir de forma rotativa apenas tres puntos de acceso quedando “al libre albedrío” los demás.
“Las acciones deben ser conjuntas pues el Ejecutivo no puede hacer todo solo. Hay que entender que estas calificaciones son al país, no a una institución en particular”, reiteró la directora.
Además, de 500 solicitudes de patentes solicitadas por año se pueden procesar apenas 100. “Hay gente en la UNA que podría ayudar hacer estos análisis, pero por ley hoy no se puede. Es una pesadilla que una compañía internacional nos pida análisis”, agregó.
La cifra
300.000.000 de dólares en productos decomisados tuvo el año pasado Dinapi, según informó su directora.
No se podrá cumplir con protocolo
La OMC recomendó al país adherirse al protocolo internacional sobre propiedad intelectual; sin embargo, Stanley reconoció que por falta de recursos no se podría cumplir con los requerimientos y se expondría a peores calificaciones. “Sería una irresponsabilidad; mientras no cambien el chip mental vamos a tener malos exámenes. Necesitamos que nos den más presupuesto, que la Fiscalía haga las investigaciones y la Justicia dicte condenas ejemplares si queremos avanzar”, afirmó. A modo de ejemplo, citó que Dinapi denunció en 8 ocasiones que frente a la misma Cancilleria se comercian productos piratas, pero siguen allí. Dijo que la imagen ante autoridades internacionales así se cae por el suelo.