El característico exabrupto de Nenecho nuevamente generó la indignación ciudadana por su actitud infantil y agresiva, nada acorde para el alto cargo que ocupa.
Además, el intendente se muestra aún muy cercano a Cáceres, quien estuvo en el ojo de la tormenta cuando se dio a conocer su ostentosa residencia construida en plena pandemia, llamativos movimientos bancarios y los sospechosos procesos de compras Covid-19 del 2020, periodo en el estaba a cargo de las finanzas del Municipio capitalino.
Tras los escándalos, la mano derecha de Nenecho intentó ocultar la visibilidad mediática que le daban ambos cargos citados, pero se mantiene bien acomodado dentro de la institución Municipal.
IMPUNIDAD. La Contraloría General de la República constató la serie de irregularidades en los procesos de compras por emergencia y en la declaración jurada de Cáceres. Ambos análisis fueron remitidos al Ministerio Público, pero hasta ahora la investigación, en principio a cargo del fiscal Juan Manuel Ledesma, no avanza. Desde la institución se niegan además a dar detalles sobre el caso.
MOVIMIENTOS BANCARIOS. En el examen de correspondencia, el ente contralor confirmó que los movimientos bancarios de Cáceres eran superiores a los ingresos legales que pudo obtener. En el análisis encontraron que su esposa Ruth Da Silva, con quien está casado sin bienes separados, también tuvo más egresos de lo legalmente declarado en su IRP, según declaraciones del director de DDJJ, Armindo Torres.
Para la polémica y lujosa vivienda, Torres señaló que se compró dos inmuebles baldíos en el 2020 y luego vendido ya con la suntuosa edificación. Sin embargo, se concretó por el mismo monto. “Se compró por G. 100 millones y se volvió a vender por ese precio ya con la construcción. Tenemos inclusive imágenes satelitales que muestran la construcción durante el proceso de un año”, detalló Torres.
Compras Covid. Las adquisiciones más polémicas fueron las realizadas por pandemia, en el 2020, ya que la ciudadanía accedió a las facturas de las compras realizadas porque el Municipio se vio obligado a difundir los documentos por orden judicial.
La Contraloría finalmente confirmó que hubo inconsistencia en los precios, compras sin sustento y falta de transparencia. En algunos casos, la cotización fue casi cinco veces mayor al monto que figura en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La Municipalidad invitó a participar de los llamados a las “mismas firmas”, resultando todas ellas adjudicadas por abastecimiento simultáneo en diferentes porcentajes y contratos. La SET había bloqueado el RUC de varias de estas firmas porque no presentaron documentos a Tributación.