A casi seis meses de las denuncias de acoso sexual en Canal 9, lejos está la justicia y reparación para las víctimas. Así también para las compañeras que la apoyan y piden un mejor ambiente laboral solo hay persecución y despidos ante la mirada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), que actúa como cómplice al omitir acciones que le competen como órgano del Poder Ejecutivo encargado de garantizar los derechos laborales.
Seis víctimas directas de Carlos Granada forman parte de un proceso penal que avanzó hasta ahora con la imputación del ex gerente del grupo Albavisión por causas que contemplan penas carcelarias. Aunque hay una orden de detención, el agresor sigue prófugo y no se conocen diligencias desde el Juzgado para hacer efectiva su presentación ante la Justicia.
Paralelamente a la investigación fiscal, en la empresa se vive un calvario. Cuando los casos de acoso sexual se hicieron públicos, la Oficina de Atención y Prevención de la Violencia Laboral del Mtess analizó de oficio la situación y recomendó a la dependencia correspondiente la fiscalización de la empresa, pero no hubo respuesta. Por presión de las protestas realizadas frente al canal a fines de mayo, la empresa se vio obligada a abrir un sumario y a prometer que tomaría las medidas para que ninguna trabajadora vuelva a ser vulnerada en sus derechos.
A partir de allí, alentó a las comunicadoras a ampliar sus denuncias, pero este proceso –que no contó con la supervisión del Mtess– solo sirvió para armar una lista negra. Al darse cuenta de la impunidad que gozaba en un país donde los órganos estatales están capturados por el empresariado, Albavisión empezó a despedir a trabajadoras que colaboraron en la investigación y/o participaron de movilizaciones. Quedó así demostrado que en realidad defiende las violentas prácticas que se ejercen en el canal, pero además amenaza la libertad de expresión, de información y el derecho a la protesta.
El medio de comunicación volvió a probar su grado de impunidad y luego de despedir a tres comunicadoras, hizo lo mismo a principios de octubre con la colega Angie Prieto, esta vez con una trabajadora con estabilidad laboral, según lo establece el Código Laboral para empleados y empleadas a partir de los 10 años de antigüedad. Como no existe una causal de despido, Albavisión demandó a la presentadora de TV por injuria, sin presentar hasta ahora ninguna prueba. Pero con esto logró suspender su contrato de trabajo, además de anular los servicios que prestaba para C9N, otro canal de la multinacional, lo que evidencia otra irregularidad en la empresa al intentar evadir obligaciones tanto con los trabajadores y trabajadoras como con el Estado al recurrir a facturaciones por servicios prestados en lo que sería un “contrato paralelo” al legal. Por este último no aporta al Instituto de Previsión Social, no contempla las vacaciones, permisos de maternidad, ni reposos médicos.
Ya en agosto el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay habían reforzado el pedido de fiscalización que estaba pendiente, pero recién esta semana el Mtess informó que está ejecutando esta tarea, después de cuatro despidos irregulares. Antes, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, había visitado el canal, pero no para interiorizarse de la situación como le corresponde, sino que lo hizo en el marco de su campaña política para ingresar al Congreso en el 2023.
No es coincidencia que Albavisión actúe impunemente, es una realidad que los pedidos de fiscalización se estancan en el Mtess, en detrimento de los derechos laborales. Es un agravante que tampoco se hayan implementado los mecanismos de protección apenas se hayan realizado las denuncias de acoso, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la Resolución N° 388 del Mtess que incluso establece multas a las empresas que hayan permitido las prácticas de acoso sexual, mobbing y otros tipos de violencia laboral.
