Los datos revelados por una investigación de este diario confirman una realidad tan conocida como funesta: La falta de independencia de la Justicia. Un trabajo periodístico de ÚH develó que, del total de 12.448 trabajadores del Poder Judicial, incluidos funcionarios y magistrados, 8.568 son colorados; esto representa casi un 70% de todo el funcionariado judicial.
El Poder Judicial cuenta con 942 magistrados. De ellos, 754 son jueces y 188 camaristas; de todos ellos, 369 se encuentran afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Vale decir que el 39% de los magistrados son colorados. Y resulta que del total de afiliados a dicha agrupación política, 4.546 funcionarios votaron en las elecciones internas del Partido Colorado el 20 de junio de 2021.
El Código de Organización Judicial expresa claramente las limitaciones: “Se prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía: Ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema de Justicia, ni participar en actividades políticas”. Lo que de aquí se desprende es que estos funcionarios ni siquiera deberían estar afiliados y, por tanto, no tuvieron que haber participado en las elecciones internas de un partido.
A la luz de esta información se puede apreciar nítidamente la razón por la cual una serie de denuncias de corrupción contra funcionarios colorados nunca han avanzado o simplemente fueron cajoneados por años en las oficinas del Poder Judicial.
Precisamente una de las instituciones más cuestionadas por su falta de resultados para indagar la corrupción pública es el Ministerio Público. Se le ha señalado, asimismo, por su vínculo con sectores políticos. La investigación de ÚH no mereció pronunciamiento alguno de parte de sus autoridades. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no emitió ningún posicionamiento ni ordenó la apertura de sumario o investigación, como sí sucedió en el Poder Judicial, donde jueces y camaristas que votaron están siendo investigados. La connivencia señalada entre la Fiscalía General del Estado y el Partido Colorado se vio evidenciada cuando quedó al descubierto la forma impúdica en que el clan González Daher presionaba a las víctimas de usura.
Asimismo, la Fiscalía suma una serie de fracasos en casos, varios de los cuales necesitaron de intervención internacional para conocerse, ya que se operaba en total impunidad. Se puede citar el caso de Cynthia Tarragó, ex diputada colorada, quien, junto con su esposo Raimundo Va, lavaba activos sin que ninguna autoridad de la Fiscalía investigara. El caso concluyó mediante la intervención de los Estados Unidos. Lo mismo sucedió con el caso de Darío Messer, empresario brasileño amigo del ex presidente de la República Horacio Cartes que operaba impunemente lavando dinero en Paraguay, utilizando incluso el Banco Nacional de Fomento, y lo mismo ocurrió con Cartes, quien ocultó una empresa que tenía en Panamá, pero como los demás mencionados nunca fue investigado por el Ministerio Público.
Necesitamos que la administración de la justicia sea imparcial, objetiva e independiente, porque si la independencia del Poder Judicial garantizada por la misma Constitución Nacional continúa siendo letra muerta debido a la desmedida injerencia política, tanto los políticos como los administradores de justicia que reciben beneficios de dichos padrinos seguirán manteniendo una situación en la que la ciudadanía será siempre la víctima de abusos, arbitrariedades e injusticias. El Paraguay necesita con urgencia una Justicia imparcial.
