Según el Censo Agrícola Nacional del 2008, hay en el Paraguay unas 289.000 propiedades rurales; entre ellas, las más chicas hacen el 63% del total, pero tienen el 2% de la tierra; como contrapartida, las más grandes hacen solo el 3%, pero tienen el 85% de la tierra.
La concentración de la propiedad puede ser mayor, considerando que ciertos propietarios pueden tener más de una finca, y que el catastro rural está muy lejos de ser exacto. Aun así, con los datos oficiales, el Banco Mundial afirma: “El Paraguay tiene uno de los patrones de tenencia de la tierra más sesgados del mundo (...) la desigualdad en la tenencia de la tierra es evidente y se ha vuelto la causa más importante de inquietud social rural; asimismo, un impedimento en pos de reducir la pobreza”.
El de 2008 es el último censo, ¿por qué no se ha hecho otro? Cambios han debido darse, considerando el boom inmobiliario de los últimos años. En 2015, dijo el director del Indert, Justo Cárdenas: el 70% de las tierras fiscales del Chaco se encuentran en manos de especuladores que las utilizan para beneficiarse con el aumento del precio, que ha pasado de 6,25 a 400 dólares por hectárea; el Indert va a recuperar las tierras que se emplean en la especulación (Última Hora, 6-4-2015).
Por desgracia, el Indert no las ha recuperado y es cierto lo que dice sobre la concentración de la propiedad el Banco Mundial. El parecer del Banco Mundial se cita en Con la soja al cuello, el libro publicado hace unos días por BASE IS, institución dedicada a las ciencias sociales.
El libro es un informe sobre el agronegocio en el Paraguay, el segundo de la serie iniciada el año pasado; se refiere tanto a la tenencia de la tierra como a su utilización para la producción agropecuaria, y a las consecuencias de ese tipo de producción, que no considera sostenible. Se lo consigue gratis en el local de BASE (Ayolas 807 esquina Humaitá), y en algunas librerías, a un precio muy razonable.
Un argumento contra la tesis central de la obra, que el sistema imperante no es sostenible, es que la pequeña propiedad no es productiva, pues solo la de una cierta extensión es productiva. Sin embargo, este argumento no toma en cuenta el ya mencionado problema de la especulación, ni este otro: durante la dictadura de Stroessner se adquirieron en forma ilegal unos 8.000.000 de hectáreas, que no se han recuperado. También deben tomarse en cuenta las llamadas externalidades, los costos ocultos (o no computados) del sistema, como la deforestación, un factor considerable del cambio climático. Por lo que he podido entender, la gran propiedad deforesta mucho más que la pequeña: en el Chaco, se deforestaron 6.480.000 hectáreas de bosques entre 2005 y 2015; no han sido los campesinos tradicionales, con machetes y con hachas, sino los grandes propietarios, con motosierras y topadoras.
Eso se debió a la ley paraguaya que prohibió la deforestación de la Región Oriental y a la decisión brasileña de parar la destrucción de la selva amazónica en el año 2005. El Chaco estaba desprotegido, y para allá fueron los ganaderos, los sojeros y, probablemente, también los rollo y narcotraficantes. Es difícil asegurarlo, porque parte del Chaco se ha privatizado, y allí no entra nadie.
