“Perdón, perdón en nombre de la Nación paraguaya”, dijo Lugo, quien debió interrumpir la lectura de su discurso debido a la emoción, a lo que los asistentes a la presentación del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) respondieron con aplausos.
El presidente paraguayo, Fernando Lugo (c), habla durante la presentación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) sobre los abusos cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura del General Alfredo Stroessner (1954-89). EFE | Ampliar imagen
El ex obispo de San Pedro, que asumió el pasado 15 de agosto la Presidencia, es el primer mandatario de Paraguay que pide perdón por los crímenes de la dictadura al menos en público.
El informe tiene como base el testimonio de 2.059 personas que sufrieron abusos o son familiares de los desaparecidos durante los más de 35 años de dictadura “stronista”.
En contrapartida, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, debió suspender su discurso durante ese acto, realizado en el Teatro Municipal de Asunción, por causa del abucheo y los insultos de los presentes, quienes tildaron al magistrado de cínico y “pyragué" (delator en guaraní).
“Acepto las críticas vertidas hacia mi persona”, expresó Núñez antes de abandonar el estrado.
El informe de la CVJ detalla que el número de perseguidos durante la dictadura asciende a 128.076, de los cuales 20.090 fueron calificados de víctimas directas, entre ellas 59 que fueron “ejecutadas” y 336 que desaparecieron, mientras que otras 107.987 sufrieron la represión de forma indirecta.
Entre esas últimas figuran “los familiares o allegados que sufrieron las consecuencias de esos hechos”, explicó el presidente de la Comisión, el obispo católico Mario Melanio Medina.
Lugo también pidió perdón por la “soledad a la que fueron sometidos (los perseguidos)” y “por cada centímetro de dolor que laceró el territorio corporal, físico, anímico y espiritual de los luchadores de nuestra patria nueva, mientras otro país dormía la siesta insensible en la convivencia con una dictadura oprobiosa”.
"¿Será capaz (el Poder Judicial) de honrar su función, ayudando a cicatrizar estas heridas abiertas y sostenidas por la dignidad heroica de las víctimas con el bálsamo de la reparación histórica?”, agregó.
Durante el régimen “stronista”, según el informe, se llevaron a cabo 19.862 arrestos en forma arbitraria, “de los cuales 18.772 (94,5 por ciento) incluyeron alguna forma de tortura”.
También se detectaron 3.470 casos de “exilio político forzoso”, cifra que, según el presidente de la CVJ, no refleja el total de los casos de los que debieron abandonar el país por razones también vinculadas a la dictadura.
“Prácticamente ninguna víctima se salvó de la tortura. Unas 17.277 personas fueron objeto al menos de alguna forma de tortura física y 16.675 de torturas psicológicas”, mencionó Medina.
El informe final de la Comisión también incluyó una serie de recomendaciones a las autoridades, entre las que destaca el análisis de los testimonios para el caso de que se abran procesos judiciales a los responsables de esos abusos.
Medina citó como cómplices e involucrados en esos hechos al Poder Ejecutivo, a las Fuerzas Armadas, la Policía y demás organismos de seguridad del régimen, así como a militantes del Partido Colorado, que perdió el poder, tras haberlo ejercido de manera ininterrumpida durante 61 años, en los comicios generales del 20 de abril pasado.
El presidente de la CVJ indicó que también existe “responsabilidades de algunas administraciones gubernamentales de Estados Unidos” y de los gobiernos que promovieron la Operación Cóndor, plan represor establecido por los regímenes militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70 y 80.
Medina agregó que entre los perseguidos durante la dictadura “stronista” se destacan los dirigentes de las “Ligas Agrarias Campesinas, los Movimientos Estudiantiles, partidos de oposición, las incipientes organizaciones del Frente Unido de Liberación Nacional y el Movimiento político 14 de Mayo, entre otros”.
La CVJ está integrada por nueve miembros de distintos sectores de la sociedad y fue constituida para investigar no solo los atropellos del régimen de Stroessner sino los cometidos por organismos del Estado hasta la fecha de la promulgación de la ley que estableció su creación, el 6 de octubre del 2003.