Por disposición de Vega asumió ayer Mario Adorno, quien es de su mismo movimiento en el partido colorado, liderado por el actual cónsul en Puerto Yguazú, Magno Álvarez. Ramírez era del grupo del gobernador, Roberto González Vaezquen.
Vega advirtió a los funcionarios a que realicen sus trabajos en el marco de la ley, que se dejen de entregar documentos a varias personas sobre una misma tierra, lo que muchas veces genera problemas judiciales a los beneficiarios, quienes terminan pagando para defenderse ante la Justicia. Advirtió que no dudaría en destituir a Adorno, si no desempeña bien su función. Los agricultores señalaron que Ramírez estuvo realizando una buena gestión, sin pedirles dinero para regularizar algunos asentamientos campesinos que tenían problemas. Vega explicó que Ramírez tiene la opción de seguir trabajando en la institución, en el lugar que elija para seguir con los trabajos iniciados como director regional.
Vega conversó con los campesinos tras el acto de posesión al cargo de Adorno, a quien incluso le calificaron de contrabandista los manifestantes. Tras calmarse los ánimos, Vega se comprometió en traer beneficios para el Alto Paraná, pese a los recortes presupuestarios con el que la institución se va a enfrentar el próximo año. De G. 450 mil millones que se tenía en el año 2013, actualmente se deberán manejar con G. 147 mil millones, según les informó.
“Queremos saber qué proyecto hay para nosotros, tenemos que andar bajo carpa, viajar a la capital, no tenemos ni media hectáreas mientras los sojales tienen 2 a 4 mil hectáreas”, reclamó Sully López, de la colonia La Fortuna de Hernandarias.
Cuestionó que exista una gran diferencia entre la tenencia de tierras de un paraguayo y los brasileños.
Víctor Manuel González, quien gestiona tierras para una comunidad en Santa Fe del Paraná, reclamó la falta de descentralización y que siguen habiendo brasileños que utilizan vastas extensiones de tierras del Indert.
Ramírez señaló que existe una mafia organizada conectada a grandes empresas y terratenientes, con complicidad de funcionarios que operan para apropiarse de las tierras que son para los agricultores.