Los diputados rechazaron la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley 6795/2021, que establece condiciones y exigencias para la suspensión o exclusión de las personas adultas mayores al régimen de la Pensión Alimentaria establecido en la Ley 3728/2009.
El proyecto había sido presentado por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Amado Florentín, tras recibir denuncias de compatriotas que fueron excluidos injustamente por el Ministerio de Hacienda, luego de realizar supuestos censos.
La ley busca limitar expresamente quiénes no podrían ser beneficiarios de la pensión alimentaria, como también que solo podrán ser bloqueados o excluidos aquellos que reciban una remuneración del sector privado o público, tales como sueldo, jubilación, pensión o seguro social, sean contribuyentes del IRP o IVA, que declaren ingresos superiores a dos salarios mínimos.
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El diputado Rodrigo Blanco Amarilla dijo que no puede entender el veto del Poder Ejecutivo, ya que no tiene un sustento jurídico, y que la exclusión debe estar prohibida, ya que no se puede estar jugando con el derecho o beneficio al que tienen acceso los abuelitos, quienes al acceder a la pensión hacen sus compromisos.
La diputada Celeste Amarilla indicó que los parámetros de pobrezas deben ser modificados, ya que tener una heladera o un baño moderno no significa que una persona no sea pobre y que se debe ver si tiene para comer y pagar la luz.
También sostuvo que es obligación de los hijos mantener a las madres y padres insolventes, así como es obligación de los padres mantener a los hijos menores.
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El diputado Pastor Vera Bejarano señaló que no es sorpresa las exclusiones en el Gobierno de Mario Abdo Benítez y que es lamentable el comportamiento de los ministerios de cómo denigran a los ciudadanos. “Se excluye a los ancianos, a los campesinos, a los trabajadores de la Salud, a los docentes y ahora se implementa la persecución penal a la pobreza, con la última ley que hemos aprobado”, remarcó.
La Dirección de Pensiones no Contributivas, dependiente del Ministerio de Hacienda, es la encargada de filtrar la lista y excluir a los adultos mayores y no los municipios, que hacen la inscripción de los mismos, según expresó el legislador José Reynaldo Rodríguez.
La diputada Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional, calificó de insólito el veto del Ejecutivo y que la ayuda es de solo G. 700.000, en un país donde no hay salud, medicamentos y que ni a comida se puede acceder con dicha ayuda. “Se juega con esta gente, se juega con la dignidad de estas personas”, cuestionó sobre los trámites que deben realizar los adultos.
El diputado Nazario Rojas, de la Asociación Nacional Republicana, manifestó que es un trauma muy fuerte para los abuelitos que son suspendidos luego de unos meses de empezar a cobrar los recursos, por diferentes motivos.
