En los primeros siete meses de este 2022 se produjeron un total de 26 feminicidios. Esta cifra está solo un poco por debajo del total de muertes violentas de todo el año anterior. Al mismo tiempo, la cifra de huérfanos que quedan en lo que va de este año ya llega a 55.
Es evidente que contar con una Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia no es suficiente. Las instituciones del Estado involucradas deben convocar a la aplicación de acciones urgentes y coordinadas, ya que la situación es insostenible. Es inaceptable que en el Paraguay se hayan normalizado los feminicidios.
Como sabemos, feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un agresor con el que la víctima ha tenido alguna relación conyugal o con el que existiera algún parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La legislación también reconoce como feminicidio el asesinato de la mujer como resultado de un ciclo de cualquier tipo de violencia hacia la víctima.
No obstante, y a pesar de que desde hace 16 años Paraguay cuenta con un marco normativo, el cual incluye penas altas de prisión para quien comete este delito, la violencia contra las mujeres y los feminicidios no disminuyen, sino, todo lo contrario, al parecer aumentan. Por algo Naciones Unidas califica los feminicidios como la pandemia ignorada.
Algo se tiene que hacer para detener la ola de crímenes, pues ni la ley ni las esporádicas acciones institucionales logran detener las muertes. Y se debe asumir, por lo tanto, que es necesaria la realización de una mejor labor por parte de los organismos del Estado; las campañas de concienciación para frenar la racha de violencia criminal no son suficientes. Frente a los casos de violencia y ante cada muerte, desde el Ministerio de la Mujer se acostumbra a recordarles a las mujeres que pueden acceder a servicios de atención integral, con orientación legal y sicológica. Sin embargo, esta respuesta también aparece automatizada y sin contenido, pues es evidente que lo que se está haciendo no es suficiente o se está fallando en la estrategia, y en hacer llegar el mensaje a las usuarias de esos servicios.
Para que el #NiUnaMenos sea una realidad y no un simple eslogan publicitario enunciativo, se debe encarar esta problemática desde otras perspectivas. Una de ellas, sin lugar a dudas, debe ser la educación. La escuela pública tiene que ser capaz de proveerles a las niñas y a los niños los criterios para formar individuos conscientes de la igualdad entre todas las personas sin importar ningún otro criterio, y que, por lo tanto, las personas pueden ser capaces de construir relaciones sociales respetuosas.
Y si bien es cierto que los momentos de crisis pueden ser considerados como detonantes para acciones violentas, o factores como el alcohol, la droga, el estrés económico, la falta de comunicación, etc., es fundamental que todas las mujeres y niñas estén bien informadas acerca de las opciones que tienen a su disposición como alternativas cuando son objeto de violencia; y que, por otro lado, todas las instituciones sean eficientes en el momento de ofrecer sus servicios a las víctimas.
Finalmente, debemos redoblar esfuerzos, pues no se trata de cifras que pueden ser comparadas año tras año. Son personas, son historias y son proyectos de vida truncados, y son niños y niñas huérfanos como consecuencia de la brutalidad sin sentido. Para detener esta epidemia de violencia, la sociedad debe asumir las causas de la violencia contra la mujer y comprender que sin la erradicación del machismo, del sexismo ni de la sociedad patriarcal que concede al varón todos los privilegios y el poder, nada va a cambiar. Acabar con la violencia y los feminicidios es un desafío para construir una sociedad libre y democrática.
