Luis Guillén, presidente de la Junta Departamental de Amambay, explicó a Monumental 1080 AM que el grupo de ocho guardiacárceles, procesados por la fuga masiva de 79 reclusos, se acercaron para pedir el cumplimiento de una resolución de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
Asimismo, señaló que la resolución de la secretaria de Estado pedía que los agentes pudieran cumplir un horario en una institución pública, pero aclaró que fue una decisión del pleno y no un pedido suyo y que como presidente está obligado a firmar.
“Mientras no exista una sentencia, ellos siguen siendo inocentes, tengo entendido que cuatro mujeres no estaban durante la fuga, ellos siguen siendo inocentes”, expresó al tiempo de responsabilizar del hecho al director de Institutos Penales y a la misma ministra de Justicia.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppDe igual manera, Guillén mencionó que los guardiacárceles necesitaban seguir alimentando a sus familias y subsistiendo y que mientras no había una sentencia se les dio la oportunidad para que puedan cumplir con la resolución de la ministra.
“Si hemos fallado, la Justicia dirá cuando exista una sentencia, vamos a salir a pedir perdón”, expresó.
Por otro lado, Guillén dijo no recordar su postura, pero evaluó que de haberla expresado se iba a oponer, ya que dependía de los honorarios que cobraba por seis de los reclusos que terminaron fugándose y que las expectativas de pena no llegaban a cinco años.
“Yo no le defendí a ninguna persona condenada por narcotráfico”, afirmó, a la vez de señalar que tampoco estaban procesados por sicariato o eran miembros de facciones criminales.
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“Se fugaron porque seguramente les tocó la oportunidad y seguramente se van a presentar, yo no sé por qué la expectativa de pena era de 5 años, ellos no tenían condena de sicariato, estaban por detentación, por ley de armas. Se encontró una sola arma que tenía problemas”, manifestó.
Sobre por qué se fugaron sus clientes de la cárcel de Pedro Juan Caballero, el concejal apuntó a que la realidad en el interior de una penitenciaría es difícil y debían pagar USD 1.000 mensual “para vivir adentro”, por lo que indicó que es difícil “aguantar” sin tener ingresos.
El concejal fue mencionado por la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien reveló el pedido de comisionamiento de los guardiacárceles al hablar de un componente político dentro del sistema de la penitenciaría, tras el allanamiento de una celda vip del presunto narco Faustino Ramón Aguayo.
La ministra había expresado que rechazó el pedido de comisionamientos y que los funcionarios se encuentran trabajando en otras dependencias, a la espera del juicio oral por la fuga.
“El concejal departamental del Amambay (Luis Guillén) era el abogado de Minotauro y después es el mismo que pide el comisionamiento de los funcionarios, procesados, pero en libertad, porque cuando salieron en libertad todavía no terminaba la investigación para que trabajen como funcionarios, porque nosotros nos vimos obligados a reincorporarlos”, criticó.
