Concejales departamentales cuestionaron el retraso en las investigación fiscal de las presuntas irregularidades en la administración de Hugo Javier González, en la Gobernación del Departamento Central. Por esta razón presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General del Estado con documentos que revelan un presunto desvío de G. 18.000 millones.
Según los concejales, la Contraloría no pudo detectar los documentos que validen el uso de unos G. 18.000 millones, aproximadamente USD 2.000.000.
A pesar de esto, criticaron que la Contraloría decidió no enviar este informe final a la Fiscalía, sino que la devolvió a la Gobernación para que esta “se denuncie así misma”.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Estamos cerrando este capitulo haciendo el trabajo de la Contraloría, viniendo a entregar las comunicaciones de las observaciones, que para nosotros son bastante graves. A todas luces hay una lesión de confianza”, mencionó el concejal departamental Adrián Vaesken (PLRA).
Además de la investigación penal, lo que los concejales pretenden con la presentación de la denuncia es promover la intervención de la Gobernación y ver qué ocurrió en otros años anteriores, informó Telefuturo.
Denunciaron una impunidad selectiva de parte de ciertos sectores como también ocurre con la Municipalidad de Asunción y el ex intendente reelecto, Óscar Nenecho Rodríguez, en el uso del fondo Covid-19 destinado a la municipalidades durante la pandemia.
“No puede ser que la plata pública se haya dilapidado de esta manera y que aparentemente exista una solapada de parte de los organismos de control”, lamentó.
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La semana pasada, la Contraloría General de la República emitió el informe final sobre las transferencias de la Gobernación del Departamento Central a entidades sin fines de lucro, en el año 2019 por valor de G. 18.345.915.685.
Según el documento, la administración de González transfirió a la Fundación CIAP, centros educativos municipales, departamentales y otros, consejos regionales de salud, asociación Plantemos Conciencia, Comisión Nacional Organizaciones Populares y a la Asociación Ecodesarrollo.
La Contraloría objetó que no se haya remitido un listado de entidades beneficiarias, tampoco se presentaron rendiciones de cuentas.
Este hecho se suma a que el pasado 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas de la Gobernación.
