Durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción de este miércoles, los concejales rechazaron el proyecto de ordenanza que presentaron varios asuncenos contra la implementación del polémico estacionamiento tarifado en la capital del país.
Se trata de la primera iniciativa popular tratada en Paraguay, la cual cuenta con alrededor de 9.000 firmas de personas que se verán afectadas con los costos que implicaría estacionar en Asunción.
A la par en que se trataba el punto en la sesión, los proponentes junto a otros ciudadanos se mantuvieron manifestados frente a la sede de la Municipalidad de Asunción, presionando para que el documento sea aprobado.
Si bien la mayoría de los ediles celebraron el histórico tratamiento de una iniciativa popular con firmas de ciudadanos, señalaron que el proyecto no puede pasar por encima de resoluciones jurídicas, incluso de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y que la Junta no tiene atribución en el caso.
En ese sentido, el concejal liberal Humberto Blasco, presidente de la Junta, sostuvo que la iniciativa no plantea la rescisión del contrato, sino la suspensión sine die de la implementación del estacionamiento tarifado, con condicionantes que están bajo la competencia del Gobierno Nacional.
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Manifestó que analizaron el proyecto de ordenanza “con responsabilidad” y que deducen que “sí tiene un profundo argumento político”, pero no así un “argumento jurídico”. Por ello, dijo que solo deben abocarse a estudiar la suspensión y no la rescisión del contrato con el Consorcio Parxin.
El colorado Miguel Sosa calificó de “muy importante” la iniciativa popular, aunque también sostuvo que los ediles deben encargarse solo de legislar con base en documentos y no por publicaciones de los medios de prensa.
Alegó que la ejecución del sistema para aparcar debe darse, ya que en la capital se albergan todos los días alrededor de dos millones de vehículos, cuyos conductores “rompen nuestras calles y se van a otro municipio”.
Acotó que actualmente no se puede hablar de rescindir el contrato con Parxin, debido a que el Municipio no cuenta con el dinero para pagar a Parxin por la multa de USD 5 millones, en el marco del litigio judicial que le ganó a la Municipalidad de Asunción.
“Hay muchos espacios jurídicos para recurrir, porque es un monto muy importante y vamos a ser los responsables. Hay USD 5 millones que seguramente nos va a pedir la empresa, eso sin contar los intereses, más de USD 15 o 20 millones que no tiene la Municipalidad. Primero tenemos que permitir a la empresa ejecutar para plantear rescindir el contrato, pero no hoy”, argumentó.
Piden argumento “más sólido”
El concejal Denis Ayala primero felicitó a los impulsores de la iniciativa, resaltando que es la primera vez que se utiliza en Paraguay, pero también cuestionó los argumentos que se presentaron.
“Si yo contrato a un abogado, no voy a esperar que me traiga solo la publicación de un diario. Cuando se dio la decisión del contrato, por una recomendación de la Contraloría General de la República, perdimos en varias instancias, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que tener algo más sólido”, afirmó.
Añadió que se reconoce que el proyecto está enmarcado dentro de una visión política y con un argumento ideológico “válido”, pero dijo que el proyecto plantea “cambios en las reglas de juego, que debían establecerse antes del pliego de bases y condiciones”.
Pablo Callizo, de Patria Querida, instó ante el pleno a que se analice bien la forma en la que se implementará el estacionamiento tarifado, ya que dijo que “si no se implementa de la manera correcta ahora, van a tener que pasar 20 años más para que se ejecute”.
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Deslindó responsabilidad de la Junta, asegurando que no tienen facultad legal para rescindir o suspender el contrato, asegurando que la Intendencia nunca les facilitó un informe de cómo se utilizarán los recursos a los cuales se accederán con el sistema, pese a que esto ya fue solicitado hace siete meses.
“En San Lorenzo se implementó de mala manera y lastimosamente fracasó y se tendrá que esperar unos años para implementar. Hay que tener mucho cuidado con esto y ahí yo le responsabilizo a la Intendencia si es que fracasa. Esto tiene que venir de la mano de un mejor transporte público y otros aspectos”, instó.
Asimismo, Álvaro Grau, de la misma nucleación política que Callizo, dijo que está de acuerdo con los argumentos de los proponentes de la iniciativa, pero sostuvo que no está a favor de que sea suspendida la ejecución, ya que para él no se puede plantear que sea implementado cuando el transporte público mejore.
Manifestó que no se puede saber cuándo mejorará ese servicio, por lo que para él corresponde que se plantee la rescisión del contrato y se le pague a la empresa lo que se le debe, para que finalmente el estacionamiento sea ejecutado de forma municipal.
“Esto se hizo con una mirada meramente recaudativa (sic), con el cálculo que se había tenido en cuenta, de que en 14 años, la empresa va a recaudar USD 94 millones. Para mí, hay que terminar este contrato, pero la Junta no tiene atribución para derogar o disolver un contrato. Es única responsabilidad de la Intendencia. No tenemos vela en este entierro. Estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero no con lo que plantearon porque creo que no es la solución”, expresó.
Por su parte, la colorada Rosana Rolón cuestionó que el 65% de las ganancias del estacionamiento tarifado irán a la firma Parxin, mientras que solo el 35% serán para el Municipio, mientras que sostuvo que ni siquiera hay un estudio técnico para implementar el plan.
También habló de otros “vicios más formales” en el sistema, ejemplificando que “el domicilio presentado por la empresa nunca estuvo constituido legalmente”, sumando la explicación de los representantes Parxin, quienes señalaron que con el primer pago se adquirirán las grúas y el sistema de software que utilizarán.
“¿Qué clase de empresa es que no tiene solidez económica? No podemos seguir con este contrato que tiene tantos vicios de nulidad. Nuestra lucha continúa, lastimosamente muchos colegas se prestaron. Este es un ejemplo claro de que la ciudadanía se hace responsable de la estafa que es esto. Lamento que lleguemos a esta altura de que se presten a esto”, reprochó Rolón.
En su segunda intervención, manifestó que los ciudadanos “engañados” pueden recurrir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos internacionales y cuestionó a sus colegas que quieran desmeritar los argumentos de los impulsores de la iniciativa popular.
Aseguró que en el documento de los ciudadanos, estos no solo se basaron en publicaciones de medios de prensa, sino que se estuvo trabajando desde hace tiempo en las argumentaciones.
“Están defendiendo la privatización del estacionamiento desde hace tiempo los colegas, a quienes respeto mucho. Nosotros venimos pidiendo la rescisión del contrato, pero por lo menos si se da esta suspensión se le dará tiempo a la ciudadanía. Hay que respetar lo que dice el pueblo y que si la ciudadanía no quiere porque esto es un engaño, el contrato se tiene que rescindir”, defendió.
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Al finalizar, el arquitecto Ricardo Meyer, principal impulsor de la iniciativa popular, celebró que los ciudadanos hayan podido tener una participación histórica en la sesión de la Junta, pese al resultado desfavorable. En tanto, instó a las autoridades a seguir analizando el caso y pensar en el bien común.
“Creo que es un enorme triunfo que la ciudadanía esté sentada acá, independiente de los resultados. (…) El Municipio va a recibir USD 350.000 y la empresa USD 650.000 mensuales y esa plata va a salir de una parte de los asuncenos y otra parte de los ciudadanos que llegan a la ciudad”, aseveró.
Y finalizó: “Va a generar alrededor de USD 180 millones en total, es muchísima plata. Si el objetivo es meramente recaudatorio, adelante, pero si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la movilidad, creo que vamos a contramano. Todos son representantes de la ciudadanía”.
A inicios de junio pasado, con unas 9.000 firmas, un grupo de ciudadanos residentes de la capital presentaron una iniciativa popular contra el sistema, tras lo cual pasó a la Junta para ser tratada como proyecto de ordenanza.
En tanto, Federico Mora, entonces jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, había señalado que la orden de trabajo para Parxin ya había sido firmada por el intendente Óscar Rodríguez y que solo se dejaba que la Junta trate la iniciativa por “simple decoro para decir que se trató".
Señaló que si se tiene en cuenta la iniciativa popular y se retrocede en el proyecto de estacionamiento por ello, “se rompería el sistema jurídico y anunció que una vez que se entregue la orden de trabajo a la firma, esta tendrá 120 días de preparación para la implementación completa. Ante esto, el sistema comenzaría a regir aproximadamente en noviembre próximo.
