Dos de los cuatro terrenos ya están ocupados por seis familias que ya cuentan con edificaciones concretas con el aval de la Comuna local, que firmó pedidos de extensión de sistema eléctrico, según Ana Zavala, una de las denunciantes.
Señaló que ellos pagan millones por los terrenos adquiridos, mientras los espacios cedidos por la inmobiliaria a la Municipalidad de Concepción son comercializados a precios irrisibles de G. 3 a G. 4 millones, señaló.
“Ya hemos radicado la denuncia en el Ministerio Público en la unidad de la fiscala María Esther Giménez, la que no me dio mayores esperanzas para el desalojo”, indicó.
DENUNCIA. Mencionó que el responsable directo es el intendente municipal, Alejandro Urbieta, quien firmó el pedido de extensión del sistema eléctrico hasta el lugar y que posiblemente la entidad municipal percibió impuestos de construcción, dijo.
“Solo la Junta Municipal nos da su apoyo, ya enviaron una nota al Ejecutivo Municipal para tomar acciones legales para el desalojo, pero el intendente no se anima a eso”, dijo Blanca Maldonado, otra vecina denunciante de la ocupación de los terrenos.
El nuevo fraccionamiento queda ubicado hacia el sur de la ciudad de Concepción, donde muchas familias están ubicándose, tras la compra de los terrenos de la inmobiliaria.
Sin embargo, los cuatro terrenos destinados para plaza, oratorio y puesto policial ya están siendo comercializados a familias amigas del intendente Urbieta, denuncian.
Juez notificó a los ocupantes del predio
El abogado Óscar Pintos, juez de Faltas Municipales, dijo que en 15 días saldrá el dictamen respecto a la situación de los ocupantes. Destacó que la Municipalidad no tiene la potestad de desalojarlos y que para eso la institución debe arrimar denuncia al Juzgado en lo Civil. También dijo que ya se notificó a los ocupantes para parar cualquier obra que ejecutan en los terrenos, pero que hacen caso omiso.