La condena está parada desde el 2021 por una acción de inconstitucionalidad no resuelta. El ex ministro de Educación y Ciencias (MEC) Luis Alberto Riart fue condenado a tres años de prisión en julio de 2019, por la compra irregular de un edificio para el MEC, que significó un daño patrimonial al Estado de G. 14.045.123.400.
La condena fue apelada por la defensa de Riart, y en el 2020 fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. En ese mismo sentido la causa por lesión de confianza llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en el 2021 declaró que la orden de prisión resuelta en juicio oral quede firme. En tanto, hasta hoy obra sin estudio una acción de inconstitucionalidad.
En mayo de 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó las aclaratorias planteadas y la reposición presentada en el caso y así quedó firme la condena de 3 años de cárcel para Riart. Los ministros que firmaron la resolución fueron Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez.
Mientras que en marzo de 2021 la defensa de Riart presentó una acción de inconstitucionalidad contra el art. 17 de la Ley 609/95. El artículo 17 se refiere a la irrecurribilidad de las resoluciones, que refiere que “No se admite impugnación de ningún género”
En tanto, en febrero de 2022 se impartió una orden de captura nacional para el cumplimiento de su pena de tres años de privación de libertad. Esta actualmente, según registros públicos del Poder Judicial, fue levantada en marzo de 2022, por un recurso de reposición interpuesto por Luis Alberto Riart, en atención a la inconstitucionalidad.
Caso y juicio. El edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant, de Asunción, era propiedad de María Josefina Scavone. Estaba valuado en G. 12.579.600.000 y fue adquirido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la administración de Luis Riart por G. 14.045.123.400, a modo de urgencia.
Debía albergar oficinas para unas 200 personas. Sin embargo, la Fiscalía constató en su momento que no había urgencia para la compra, y halló contradicciones en el proceso debido a que la compra se realizó vía excepción y luego se llamó a licitación para la remodelación.
En el caso fueron investigados, además del ex ministro Luis Alberto Riart, los ex funcionarios del MEC José López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas; Marco Antonio Ferreira Basualdo, ex asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); y Luis Fretes, ex coordinador de la misma unidad.
El ex secretario de Estado recibió una condena de tres años de cárcel, mientras que a los coprocesados José López Pistilli y a Luis Fretes les dieron tres y dos años, respectivamente. Sin embargo, Marco Ferreira fue absuelto. Las juezas Gloria Hermosa y Alba González votaron por la condena y Mesalina Fernández votó por la absolución de todos los procesados.
De acuerdo con el Ministerio Público, pese a que la Dirección de Contrataciones Públicas señaló que todos los documentos estaban en regla, no cumplieron con la urgencia de la habilitación y la titulación del edificio. Y el precio pagado era superior a la tasación.
Conocido recurso. Actores de la sociedad civil como la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) y Somos Anticorrupción Paraguay (Soapy) identifican en el seguimiento de los expedientes de casos de corrupción patrones durante el proceso judicial. En cuanto a las vías legales, las causas de corrupción llevan casi una misma línea, que como primera medida se encuentra la suspensión en serie de las audiencias preliminares. Y una vez que se obtiene una condena en primera instancia, la apelación en las instancias superiores se da hasta llegar a la acción de inconstitucionalidad.
Alarmante cantidad de causas sin resolución ante la Corte Suprema
Unas 18 causas de corrupción se encuentran con acciones pendientes ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La lista incluye casos emblemáticos con multimillonarios daños patrimoniales al Estado.
Entre ellos, los acusados en plena pandemia como Delia Samudio por la compra de agua tónica en Petropar; Édgar Alberto Melgarejo Ginard por los tapabocas de oro de la Dinac, en cuya causa no puede aun concretarse la audiencia preliminar
Así también, se acogen a la misma situación las causas del funcionario del BNF Sixto Fleitas, el ex intendente César Balbuena, Arnaldo Martín Jara, por tierras del Indert.
También se encuentra el caso de José Enrique García Ávalos, por la causa de laudo de Ivesur, tiene una respuesta pendiente desde enero de 2020.
Y con especial atención a la causa del concejal de Luque Óscar González Chaves –hijo de Óscar González Daher–, la Sala Constitucional lleva múltiples inhibiciones que evitaron su constitución. Siguiendo con la familia, el 17 de febrero Ramón González Daher presentó una nueva acción de inconstitucionalidad, en cuanto al comiso de sus bienes.
También está pendiente resolver la acción de la causa de Raúl Fernández Lippmann, Jorge Oviedo Matto, Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva sobre tráfico de influencias y asociación criminal. El último recurso data del 2019. El ex diputado Carlos Portillo Verón, el ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón, Rafael Augusto Filizzola, Justo Pastor Cárdenas y otros.
