El docente universitario señaló a NPY que en el 2019 inició con su lucha y que ahí realizó una denuncia ante la Municipalidad de Asunción y la Policía Nacional sin que le hicieran caso.
También hizo una denuncia en la página Change.org, donde recibió la firma de apoyo de más de 3.000 personas, sin que el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, atienda el caso, al contrario, señala que le terminaron persiguiendo.
“Yo le denuncié a esta familia por polución sonora, porque yo soy docente universitario y durante la pandemia yo no podía dictar clases, porque ellos justamente a la hora que yo daba clases ahí ponían más fuerte su música, ponían sus parlantes directo hacia mi casa, justamente para que yo no pueda trabajar y eso me afectó en mi salud, a mi señora, a mi familia, mis hijos tuvieron que mudarse a departamentos porque al otro día ellos tenían que ir a trabajar”, relató.
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📌 Habla el denunciante que ganó la histórica condena por polución sonora
— NPY Oficial (@npyoficial) April 27, 2024
🗣️ "Desde el 2019 comenzó mi lucha. Hice la denuncia en la municipalidad, en la Policía y no me hicieron caso. Hice una denuncia internacional a través de https://t.co/n5WnqkyTx6, que es una organización… pic.twitter.com/cQK5yI4T6h
Asimismo, indicó que con su esposa aguantaron en la casa, porque el dueño del bar Moe, César Campiz Leguizamón, quería que vendan su casa y se muden a otro barrio.
¿Por qué yo voy a vender mi casa si ellos son los que estaban creando problemas en esa época? Esta es una zona residencial en el barrio San Pablo, alguien les habilitó como bodega, pero ellos crearon un techo metálico encima de la bodega y habilitaron un local gastronómico, donde había música, karaoke, actuaciones en vivo. Cerraban calles, colocaban ahí escenarios para la actuación, tenían su público y ese público a mí me perseguía”, reveló.
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En ese sentido, explicó que el bar hacía firmar a sus clientes totalmente en estado de ebriedad papeles de que al único vecino que le molestaba era a él, pero recordó que hay una ley, la 6390, que todos deben cumplir, “no es porque a mí nomás no me gusta”.
“La ley me obliga a denunciar un hecho que afecta a la ciudadanía, me afectó a mí y sé que también a varios vecinos, porque la mayoría somos de la tercera edad. El presidente de la comisión tuvo que vender su casa, porque su señora tenía mal de Parkinson”, manifestó.
Entre tanto, detalló que el local estaba habilitado solo para bodega, pero dijeron que el intendente municipal Nenecho Rodríguez era su amigo y que entonces ellos tenían todo el derecho de hacer lo que se les antoje.
“En Twitter me maltrataban, me decían puto, amargado, por qué no tomaba mi medicamento y me iba a dormir. Mi señora y yo estamos siguiendo tratamiento sicológico, no estamos recuperándonos de este problema. Con todo esto yo sigo enseñando, pero a veces me cuesta, porque me afecta totalmente en mi trato con los alumnos, con las personas, me afectó bastante, emocionalmente no estamos bien”, confesó el docente.
Histórica condena
La jueza Mesalina Fernández se refirió a la condena de dos años, con suspensión de la pena, que recibió el dueño de un bar del barrio San Pablo de Asunción por polución sonora. Afirmó que el hecho servirá para llamar la atención de la ciudadanía para denunciar otros casos.
Un tribunal integrado por las juezas Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Mesalina Fernández condenó a dos años de cárcel, con suspensión de la pena, al empresario César Campiz Leguizamón, dueño del bar Moe, por los delitos de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El empresario deberá someterse, además, a reglas de conducta impuestas por las juezas que también le ordenaron que realice donaciones como reparación del daño.
El bar fue denunciado en varias ocasiones desde su apertura en el año 2019 por la producción de constantes ruidos molestos. El hecho fue investigado por la fiscal Lorena Ledezma, que representó al Ministerio Público en el juicio.
La magistrada Fernández señaló a radio Monumental 1080 AM que esta condena sentará un precedente y servirá para que los afectados denuncien este tipo de hechos.
“Es una forma de llamar la atención a la ciudadanía que no se puede molestar a nadie con los ruidos emitidos”, afirmó.
El local estaba habilitado por la Municipalidad de Asunción como bodega, sin embargo –según señaló la jueza– en la práctica funcionaba como local gastronómico, karaoke, música en vivo y discoteca, recibiendo a una importante cantidad de personas, sobre todo los fines de semana.
Debido a esta situación recibió una multa por parte de la comuna asuncena, pero a pesar de esto seguía operando, indicaron los investigadores.
La polución sonora se considera una falta administrativa que se castiga con multas, y de acuerdo a la gravedad del caso, se tipifica bajo el delito de contaminación del aire, que estipula una pena carcelaria de hasta 5 años de prisión.