El sacerdote católico Pedro Robadín fue condenado ayer a ocho años de cárcel por el hecho de abuso sexual en personas indefensas, durante un juicio realizado en Fernando de la Mora.
La fiscala Blanca Aquino, quien investigó el caso por parte del Ministerio Público, señaló que el hecho fue denunciado en el año 2019 e involucraba a una joven que estaba siguiendo un tratamiento por depresión.
La misma asistía al Hospital Nacional de Itauguá para realizar las consultas y en ese sitio conoció a Robadín, que se desempeñaba como capellán, reveló la fiscala.
Los investigadores sostuvieron en el juicio que el religioso fue hasta la casa de la afectada para brindarle apoyo espiritual y que allí se produjo el hecho de abuso.
La agente del Ministerio Público señaló que está conforme con la condena, ya que la expectativa de pena por este caso es de 10 años.
En diciembre de 2019, Pedro Robadín fue detenido por la Policía, luego de la denuncia que fue presentada en su contra por parte de autoridades del Hospital Nacional de Itauguá.
Los mismos decidieron ir hasta la Justicia luego de una consulta ginecológica que hizo la víctima y tras la consulta con los médicos relató lo sucedido.
El hecho ocurrió en octubre de ese mismo año, de acuerdo con la denuncia.
Robadín fue detenido y llevado a la cárcel de Tacumbú, donde permaneció un tiempo hasta que fue puesto en libertad por orden de la jueza Norma Salomón, que le concedió medidas alternativas a la prisión.
El cura no podía salir del país y se le impuso la fianza de G. 200 millones, monto en que fue valuada una propiedad que presentó como garantía de que se someterá al proceso.
OTRAS CONDENAS. El padre Robadín ya había sido condenado a dos años con suspensión de la pena, por denuncia falsa.
El hecho data del año 2009, cuando denunció al entonces titular de la Dirección Nacional de Tránsito, David Yinde, por supuesto pedido de coima.
En julio de 2020, otro tribunal lo condenó a cinco años de prisión por apropiación.
La Fiscalía sostuvo en el juicio que el imputado se quedó con joyas pertenecientes a Eugenia Irma Ruiz de Mendoza, que buscaba venderlas para costear el tratamiento médico de su madre. Las mismas tendrían un valor que supera los 25 mil dólares y el sacerdote se habría ofrecido como intermediario para la venta.
