Fueron condenados por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), extorsión y usurpación de funciones públicas.
MODUS OPERANDI. Este esquema supuestamente integrado por funcionarios policías y de Aduanas salía en comitivas e iban a solicitar dinero a comerciantes del mercado de San Lorenzo, a cambio de no hacer allanamientos por contrabando.
Según se comprobó, estas personas solicitaban G. 250.000 semanal, pero también hubo quienes entregaron hasta G. 20 millones.
También incautaban mercaderías y exigían dinero para devolverlas.
Gracias a la denuncia, que se hizo en el 2022, se logró montar cámaras ocultas, que grabaron los pedidos de dinero y las entregas de los montos. También se hicieron operativos encubiertos.
Los jueces Adriana Planas, Matías Garcete y Elsa García confirmaron la culpabilidad de los procesados. Entre los condenados también está el estibador Alcides Ramón Ayala, quien recibió una pena de 3 años de cárcel.